López Obrador fue siempre un hombre de símbolos. Por eso eligió el 5 de febrero, día de la Constitución, para acabar con buena parte de ella. Ese 5 de febrero de 2024 anunció una serie de reformas que en los hechos significaban la ejecución de un deseo largamente acariciado, desde que mandó “al diablo las instituciones”, en el lejano 2006: deshacerse de lo que le estorbaba.
Con su ambicioso paquete de reformas, AMLO se proponía dinamitar el edificio de contrapesos que desde 1988 los mexicanos se habían empeñado en construir para poner límites al poder presidencial. Desde entonces comenzó una ruta sin retorno. Y va cumpliendo a cabalidad su anhelo.
Ya terminó con el Poder Judicial como lo conocemos, por ejemplo, y empoderó a un más a las Fuerzas Armadas, que crecieron en influencia con él en la Presidencia. Pero faltaba un golpe demoledor. Y ya ocurrió.
Lo había anunciado desde antes. Era parte de una vendetta personal: desaparecer siete organismos autónomos y entes reguladores. En la mira colocó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Ya desde diciembre de 2023 había adelantado su intención de desmantelar los organismos públicos, al considerar que “no sirven para nada” y que son “facciosos, onerosos y antipopulares”. “Se propone eliminar todas las dependencias y organismos onerosos, supuestamente autónomos”, dijo ya en febrero de 2024. “Son autónomos del pueblo, no de la oligarquía”, se dio el lujo de ironizar. “Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto”, se leía en la exposición de motivos del texto propuesto.
“Tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos”, remató. Nadie puede llamarse a la sorpresa.
Y aunque AMLO hablaba de lo oneroso de los organismos para argumentar su extinción, la verdadera razón radicaba no tanto en su presupuesto (gastó más y de peor manera en otras cosas) sino en los obstáculos que esas instituciones colocaron a ilegalidad y abusos de su gobierno.
Con su mayoría calificada convertida en aplanadora en el Congreso, la 4T procedió a cumplirle el deseo al expresidente.
La decisión que había tomado AMLO desde hace mucho ya era una realidad. Fue la crónica anunciada de su muerte. El Congreso hacía lo que debía para congraciarse con López Obrador.
Los morenistas celebraron, aunque el verdadero festejo no fue ni en Congreso, ni en Palacio Nacional, sino en Palenque, Chiapas, desde donde en su pleno “año siete” López Obrador se apuntaba otro triunfo. Esa nueva victoria también es parte del legado del gobierno que formalmente había concluido, pero en los hechos seguía en activo.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM
@MLOPEZSANMARTIN
MAAZ
