“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”: Montesquieu
Es sabido por todas y todos los mexicanos que nuestro Estado está constituido por gobierno, territorio y población. En la parte que toca al gobierno, existe el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, mismos que en equilibrio y justa división, conforman los Poderes de la Unión, garantes del debido funcionamiento de la Federación y los cuales están debidamente establecidos en la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos. Cada uno de estos Poderes tiene funciones específicas, pero deben de trabajar de manera coordinada para lograr bienestar social, igualdad jurídica y pleno ejercicio de derechos y libertades para todas las personas.
Después de este repaso de civismo de la primaria, entonces podemos afirmar que la teoría dista de la realidad. Aquello que concibieron Montesquieu y Locke para evitar tentaciones del Ejecutivo y ampliar más sus potestades que las conferidas en la Constitución, para tener contrapesos legales y legítimos, así como para tener la interpretación de las leyes y que éstas sirvan para cada uno de los ciudadanos ante el Estado y que éste no pisotee por ningún motivo los derechos y libertades humanas. En los tiempos que vivimos, más que un pensamiento filosófico en pro de la democracia y fortaleza institucional, parecería un texto de ficción.
Lo que está sucediendo en nuestro país no sólo está socavando a los de los Poderes de la Unión, también la vida misma de la República. Gracias a la mayoría obtenida en las urnas, además de las triquiñuelas de la sobrerrepresentación, hoy el Legislativo está a disposición total de los designios del Ejecutivo, no sólo “sin moverle ni una coma”, sino operando todas las reformas en fast track, mal hechas, llenas de generalidades, abstracciones, lagunas legales, contradicciones, lugares comunes y cantidades de faltas y desaseos que cualquier persona podría distinguir.
Aunado a lo anterior, hemos sido testigos desde hace meses del acoso hacia el Poder Judicial, sus atribuciones, sus funcionarios y a toda persona que ose defenderle. El objetivo es muy claro, politizar (en aspecto electoral) también este Poder para lograr su cooptación de mejor manera. Ante esto, la mayoría (8) de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida su presidenta Norma Piña, han decidido anunciar su renuncia a manera de visibilizar el agravio que se está cometiendo en contra de su persona, su carrera y a la institución que han defendido por varias décadas. Con esto dejan un hueco no sólo en el Judicial, sino en los Poderes de la Unión.
Así, los Poderes de la Unión y, por supuesto, su División hoy no se encuentran en México. Locke y Montesquieu verían alarmante esta ruptura y/o cooptación de los Poderes mexicanos, no sólo como una gran crisis legislativa o constitucional, como un agravio institucional, sino como la imposición de una forma de gobierno -de facto y de iure- muy lejana a la democrática y a el respeto del Derecho. Más allá de lo que sucede en el andamiaje institucional de nuestro país, lo realmente peligroso serán las consecuencias para la economía, para la procuración e impartición de justicia, para la vida política, sus relaciones internacionales y, sobre todo, para la sociedad mexicana.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
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