La presidenta Claudia Sheinbaum, las mayorías de Morena en el Congreso de la Unión y en 23 entidades federativas encendieron la maquinita de las reformas. Van a toda velocidad y no se detendrán, al parecer, hasta que las reformas de Andrés Manuel López Obrador y de la propia presidenta queden plasmadas en la Constitución y las leyes.
El razonamiento que alienta esta premura resulta básico, y quizá sea correcto: pagar de una vez y al contado los costos políticos, económicos y sociales de estos cambios en los primeros 100 días de gobierno, para tener el mayor tiempo posible para su aplicación y desarrollo. Como dice el dicho: "ya veremos, dijo el ciego".
Si en el gobierno hay una ruta y una estrategia claras, en la oposición, al menos en la oposición a la reforma judicial, hay varios frentes. El primero, más evidente, es el movimiento de jueces y trabajadores del Poder Judicial en paro indefinido, aunque ya superado por los acontecimientos.
El segundo lo encabezan los ocho ministros y ministras opositores a la reforma, entre los que se encuentra Norma Piña, la presidenta de la SCJN. El tercer frente es la guerra legal desatada por el PAN, el PRI, gobiernos estatales opositores y los jueces que han presentado amparos y diversos recursos legales en contra de la reforma. El cuarto frente lo integran diversos grupos empresariales y sociales opositores a la reforma.
También están presentes las campañas negras en contra de voceros a favor de la reforma, como las dirigidas contra la senadora Andrea Chávez y el senador Gerardo Fernández Noroña.
Una nueva estrategia de la oposición fue anunciada por Roberto Gil: participar en el proceso y disputar electoralmente cargos estratégicos en la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial, en 2025 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2027.
Especulemos sobre esta ruta. ¿De arranque, quiénes serían algunos de los aspirantes de la oposición a estos cargos? Además de Roberto Gil, quien ya anunció sus aspiraciones, por lo menos llegarían al sorteo para la Suprema Corte Miguel Carbonell y Pedro Salazar, de la UNAM, así como Juana Fuentes y Patricia Aguayo, del movimiento de jueces y trabajadores del Poder Judicial. También figuran personajes como el juez Juan Pablo Gómez Fierro.
Del lado de Morena y de las mayorías en el Congreso de la Unión, la situación está clara. Casi es un hecho que llegarán a la boleta para la Suprema Corte las actuales ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, en campaña desde hace meses, así como Bertha Alcalde, hermana de la presidenta nacional de Morena, a quien López Obrador le quedó a deber un puesto en el INE y en la propia SCJN. En pocas semanas veremos el éxito de la estrategia de Roberto Gil.
Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
La política es de bronce.
POR ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO
@ONELORTIZ
MAAZ
