PUES NADA, QUE nuevamente el IMSS se ve envuelto en una escandalosa revelación: empresarios y funcionarios han estado pactando compras millonarias, sumiendo al sistema en una corrupción desenfrenada.
Bajo el nuevo esquema de regionalización se han llevado a cabo reuniones secretas con el objetivo de asegurar contratos lucrativos y adjudicaciones directas.
En los últimos tres años, las empresas de Aldo Díaz y José Manuel Ballar han obtenido grandes beneficios por estas transacciones, mientras los problemas e irregularidades en el IMSS persisten sin una solución clara.
El primero es dueño de Ethomedical, Arnold & Jelga y Distribuidora Sagitario; el segundo de Comercializadora Adelfa, Grupo Actipro, Grupo Osherx y PCB Empresarial Monterrey.
Apoyados desde el Seguro Social por Jorge de Anda, Coordinador de Control de Abasto, y Daniel Ramírez, Coordinador Técnico de Administración del Gasto, estos empresarios han simulado la necesidad de insumos a nivel nacional, acelerando compras de medicamentos no prioritarios en lugar de oncológicos para niños con cáncer.
Como resultado, algunas delegaciones han registrado un alarmante aumento en las compras, llegando incluso a un 15,700%.
Se estima que empresas vinculadas a Daniel Ramírez, Aldo Díaz y varios funcionarios y delegados, como Federico Marín González, hijo del delegado del IMSS en Tamaulipas, han obtenido más de 2 mil millones de pesos mediante asignaciones directas, principalmente en Nuevo León y Jalisco.
Las malas prácticas dentro del IMSS, también han llegado hasta la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En días pasados trascendió que el director general del instituto, Zoé Robledo fue encomendado para investigar el abuso de autoridad del que funcionarios de esta dependencia habrían hecho uso para obtener a destiempo acceso a la vacuna de COVID-19.
La sorpresa fue que en la mañanera del martes pasado, el director del IMSS llegó con dos nombres, sobresaliendo el de Carlos Enrique García Romero, excoordinador nacional de Abasto del IMSS, y su secretario particular, Yonel Águila Flores, ambos cesados por malas prácticas.
LA REESTRUCTURA FINANCIERA de Cinépolis comprendió un pasivo por mil 350 millones de dólares de pasivos y fue liderada por Lazard. FTI Consulting fue el asesor financiero y Milbank LLP el despacho jurídico que asesoró al comité ad hoc de acreedores, compuesto por más de 30 instituciones financieras en más de 10 países. Los líderes fueron HSBC, de Jorge Arce; BBVA, de Eduardo Osuna; Santander, de Felipe García Ascencio, y Bank of America, de Emilio Romano. Cinépolis tenía vencimientos importantes este año que no podía asumir por el golpe de la pandemia que retrasó la apertura de nuevas salas. Se negoció un préstamo adicional de más de 200 millones de dólares y la familia fundadora tuvo que hacer una aportación de capital de otros 100 millones de dólares. El proceso jurídico se concluyó en el segundo semestre de 2021 y comprendió importantes cláusulas de control de la inversión así como de anticorrupción.
En el litigio entre Cinemex y Cinépolis que le platiqué, fue precisamente Alejandro Ramírez, en un correo de fecha 31 de enero de 2022, donde aseguró que la suspensión de las aperturas de cines en el noroeste del país y el consiguiente incumplimiento de sus contratos en esa región obedecía a dichos candados. En cuanto a las cláusulas anticorrupción, claramente comprometidas por una orden de toma de posesión sin juicio previo, la mayoría de las reestructuras actuales prevén dichos mecanismos, ya que Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero alcanzó con el gobierno de Donald Trump un récord de imposición de sanciones económicas. Hasta diciembre de 2020 se contabilizaban tres sanciones por casos de corrupción transfronteriza por día durante su mandato. El supuesto teórico en el que descansa es que Estados Unidos es un Estado de Derecho, mientras que en Latinoamérica no existe el imperio de la Ley. Así, nuestro vecino se arroga a sí mismo la misión de expandir este “reinado de la ley”, por lo que las instituciones financieras del exterior han tenido especial cuidado por blindarse de cualquier tipo de responsabilidad. Es por ello que el impacto de cualquier fórmula corrupta para forzar el cumplimiento de un contrato rescindido puede tener un efecto dominó para la cadena de Cinépolis.
LOS CERTIFICADOS DE Proyectos de Inversión (CERPIs) y los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs), son los vehículos usados por las afores para invertir recursos en activos productivos, como infraestructura, bienes raíces y capital privado. Los CERPIs permiten a las Afores destinar hasta 90% de los recursos de esos instrumentos en inversiones fuera de México, sin que esos montos se les consideren para el límite regulatorio de inversiones en moneda extranjera. Desde el 2020, las Afores han abusado de esta excepción y han invertido más de 190 mil millones de pesos fuera del país. La excepción en la regulación no era del conocimiento de Andrés Manuel López Obrador, pero sí de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Existe mucha presión por parte de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Privado (Amexcap), que dirige de Raúl Gallegos, así como de la Bolsa Mexicana de Valores, que comanda José-Oriol Bosch, y de la Bolsa Institucional de Valores, que capitanea María Ariza, para cambiar la regulación y que se destinen más recursos por parte de las afores en activos productivos dentro de México. También hay voces que piden cambios en la regulación desde la Cámara de Diputados. Recién asumió la Consar Julio César Cervantes. Tiene conocimiento del tema y tendrá que solucionarlo emitiendo una nueva regulación.
El 13 DE junio de 2023, la jueza Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, declaró a la empresa Internet Móvil (IMO), en concurso mercantil, en etapa de conciliación. Dicha empresa presta sus servicios ante el gobierno federal, al tener celebrados contratos con diversas instituciones gubernamentales y es ampliamente reconocida en el estado de Quintana Roo.
Sin embargo, no todos los acreedores se encontraron conformes con la determinación del juzgado, e iniciaron acciones hostiles para frenar la operación de IMO. Por ello la juzgadora implementó diversas medidas cautelares a efecto de proteger a la empresa y su relación de negocios con el propósito de salvar la compañía. En esa tesitura, se espera que en los próximos meses IMO llegue a un arreglo con sus acreedores, dentro de los cuales figuran Dell Financial Services, representada por el bufete de abogados Santamarina y Steta, e Ingram Micro México.
AHORA TOCÓ A Gustavo de Hoyos retirarse de la contienda en pos de la candidatura del frente opositor.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
LSN
AHORA TOCÓ A Gustavo de Hoyos retirarse de la contienda en pos de la candidatura del frente opositor.