Como lo hemos señalado anteriormente, México tiene una deuda histórica con las mujeres. Nuestra generación debe contribuir a saldarla cuanto antes, bajo la premisa de que su seguridad, la igualdad y su inclusión plena nos harán una sociedad más justa y plena en derechos y bienestar para todas y todos.
Por esa razón, me siento muy orgulloso de celebrar la elevación a rango constitucional de la denominada Ley 3 de 3 contra la Violencia en México. Dicha enmienda impedirá que cualquier agresor sexual, físico y/o deudor moroso en el pago de pensión alimenticia, pueda ejercer un cargo de representación popular, empleo, cargo o comisión en el servicio público en los tres niveles de gobierno.
Tomando como antecedente el exitoso ejemplo de Yucatán, los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional desde el inicio nos sumamos a esta reforma constitucional, en una manifestación de congruencia con nuestro compromiso a favor de los derechos humanos, la defensa de la niñez y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Sobre el proceso de su aprobación en el Congreso, sí debemos lamentar que algunos legisladores en la Cámara de Diputados de partidos que supuestamente enarbolan la bandera de los derechos de las mujeres, como el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, se abstuvieran de aprobarla.
Aplaudimos que finalmente sea publicada esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, porque representa un gran avance en la lucha contra la violencia de género y promueve entorno reforzado de atención para erradicar las expresiones irracionales de violencia machista, que desafortunadamente se manifiestan en todas las clases sociales y entornos socio culturales. Si bien es cierto que la sesión en donde fue aprobada en el Senado de la República estuvo plagada de violaciones e irregularidades al proceso parlamentario, también lo es que las expresiones de los grupos parlamentarios se manifestaron de manera abierta por el consenso en favor de su aprobación.
Una vez aprobada dicha reforma, será muy importante su aplicación en los tres órdenes de gobierno. Consideramos que es fundamental que quienes ocupen cargos públicos sean personas responsables y comprometidas, capaces de velar por el bienestar de sus familias y de los grupos vulnerables. Por ello, el nuevo régimen asegura que aquellas personas con antecedentes penales, con sentencia firme, por violencia de género o deudores alimentarios no puedan ocupar puestos en el servicio público.
La violencia en contra de la mujer y la infancia es un problema que lamentablemente forma parte de la realidad en nuestro país. Sus cifras son insostenibles: El 70% de las mujeres de 15 años o más, han experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida; El 49.7% de las mujeres han vivido alguna situación de violencia sexual; Y el 51.6% han vivido violencia psicológica. De cada 10 divorcios, 7 padres no cumplen con la obligación de la pensión alimenticia, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En tal sentido, la reforma que se publicó es un claro mensaje de que en México no se tolerará más la impunidad ni la protección de los agresores. Un violentador es un delincuente y debe ser sancionado. Esta ley no solo busca castigar, sino también proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
En la presente legislatura, hemos impulsado iniciativas para reformar diversas disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de la Ley General de Víctimas, en materia de medidas de protección máxima para las mujeres. Uno de los objetivos que tenemos es que el Poder Legislativo federal tenga más participación en las políticas públicas destinadas a la prevención de agresiones en contra de las mujeres, así como para promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Reconocemos y agradecemos el trabajo arduo y la valentía de todas las partes involucradas para la aprobación de esta ley. En Acción Nacional seguiremos implementando acciones para defender y proteger a todas y todos los que habitamos este país. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar en pro de una sociedad más justa, igualitaria e incluyente.
Hoy, con la publicación de la Ley 3 de 3, se da un gran paso hacia la protección y la lucha por una vida libre de violencia para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Trabajemos juntos en esta Reforma Social verdadera, construyendo un México donde se respeten los derechos de las mujeres y se combata la violencia en todas sus formas.
Celebremos esta victoria, pero recordemos que aún queda mucho por hacer para que en los sucesivos procesos electorales se aplique el nuevo régimen, sin excepción alguna.
JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
@JORGEROHE
MAAZ
