En su primer acto de anteprecampaña, el ex canciller Marcelo Ebrard desafió las recientes tutelas preventivas emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias (CQD) del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dijo Ebrard: “Quiero proponer, y así lo haremos de resultar favorecidos en las encuestas y posteriormente en el 24, formar la Secretaría de la Cuarta Transformación”. Y luego propuso que el titular de esa instancia sea Andrés Manuel López Beltrán.
Aparte de la implícita adulación al Presidente, la propuesta es una mala ocurrencia porque la 4T, entendida como la evolución del régimen político a un estamento superior al ancien régimen mexicano, no es asunto de una sola instancia, sino que tiene que atravesar transversalmente al Estado. Además, si López Beltrán no hubiera rechazado la ocurrencia y si AMLO no hubiese precisado que él, su esposa y sus hijos no intervienen en el proceso interno de Morena, Ebrard habría tenido un implícito espaldarazo presidencial.
Una explicación posible a la ocurrencia de Marcelo es que ha entrado en una etapa de desesperación e impaciencia ante la que supone es su última oportunidad para buscar la banda presidencial, aunque lo cierto es que -desde mi perspectiva- no sería imposible que en 2030 pudiera estar en condiciones de intentarlo nuevamente, si fuera el caso.
Comoquiera, por la forma en que fue planteado el asunto, no hay duda de que, de oficio o por queja, habrá intervención del INE. En sus tutelas preventivas emitidas el 30 de mayo y el 16 de junio, la CQD del INE prohibió las propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter comicial, la presentación de plataforma electoral y los actos propagandísticos.
Y cuando Ebrard propone crear una secretaría de Estado e incluso postula a quien la encabezaría, le será muy difícil argumentar que no está haciendo una propuesta electoral ni se está refiriendo al triunfo de su (aún inexistente) candidatura.
El excanciller y su “Secretaría de la 4T” constituyen el caso más evidente de transgresión a las tutelas preventivas del INE, pero otros anteprecandidatos también podrían haber rebasado los límites fijados por el INE. Por ello he hablado de que la anteprecampaña morenista implica un desafío tanto para las autoridades como para los aspirantes.
Ahora bien, quienes añoran la malsana confrontación que encabezaron dos exconsejeros y creen ver una actitud complaciente del INE en la coyuntura actual, deben tener presente que en casos como los relacionados con el proceso morenista, al Instituto le compete acordar medidas cautelares, pero las sanciones son competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), concretamente de su Sala Regional Especializada, integrada por Rubén Lara Patrón (presidente), Gabriela Villafuerte Coello y Luis Espíndola Morales.
En síntesis, si el INE sólo emite medidas cautelares como la de tutela preventiva, no es porque renuncie a sancionar, sino porque no tiene competencia para hacerlo en los casos mencionados.
Plus online: El fin del Plan B
Salvo improbables sorpresas de última hora, la Corte invalidará este jueves, o en próximas sesiones, la segunda parte del Plan B de reforma electoral que, como es sabido, consta de seis leyes aprobadas en dos diferentes momentos por el Congreso de la Unión. La primera parte (dos leyes) fue invalidada por la Corte, por nueve votos contra dos y es probable que esa votación se repita.
Igual que con las dos primeras leyes, el pleno de la Corte no entrará a estudiar los contenidos de la segunda parte del Plan B, sino que la invalidación será por violaciones al proceso legislativo, con el agravante de que tales transgresiones al artículo 72 constitucional son aun peores que los de la primera parte. A las violaciones de diciembre se sumaron las de febrero y marzo, cuando el manoseo a la llamada “cláusula de vida eterna” para los partidos aliados de Morena llevó a la deplorable situación en que diputados y senadores le metieron mano a esa “cláusula” -que el Presidente anunció que vetaría-, cuando ya no era legalmente posible tocarla porque había sido aprobada por las dos cámaras del Congreso, como he explicado con amplitud en columnas anteriores.
Es muy probable que, otra vez, desde Palacio Nacional y otros centros políticos, se lancen nuevos denuestos contra los ministros, en particular contra Javier Laynez Potisek (ponente), pero como he sostenido anteriormente, los verdaderos responsables de la inviabilidad jurídica del Plan B no están en el Poder Judicial, sino en el Poder Legislativo.
Los promotores del Plan B, irónicamente, fueron los mismos que, a la postre, propiciaron su casi segura invalidación total.
POR EDUARDO R. HUCHIM
@EDUARDORHUCHIM
