DURANTE LOS PRIMEROS cuatro años y medio de esta administración, el Presidente omitió dar trámite a las propuestas de ratificación de magistrados de la Sala Regional que le hizo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Esa situación llevó al organismo, que preside Guillermo Valls, a una posición crítica en la que se acumularon 70 vacantes dentro del universo de 174 magistrados que lo integran en todas sus salas.
Lo anterior provocó que, al menos, 30 de los magistrados propuestos para ser ratificados promovieran juicios de amparo tendientes a obligar al Ejecutivo a cumplir con su deber de dar trámite a los procedimientos de ratificación correspondientes.
Como resultado de estos amparos dichos magistrados cuentan actualmente con sentencias definitivas o suspensiones dictadas por el Poder Judicial que les permiten continuar en el ejercicio de sus cargos.
Así, de las más de 70 vacantes, al menos 30 de ellas se encuentran cubiertas como resultado de estos amparos, lo cual ha atenuado la crisis en la integración del TFJA y le ha permitido continuar funcionando de forma medianamente eficiente.
A pesar de lo anterior, el jueves pasado Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso un comunicado en que sometió a su ratificación la designación de 70 personas para ocupar las magistraturas vacantes de las Salas Regionales del TFJA.
Para su ratificación, basta con mayoría simple, por lo que Morena cuenta con los suficientes votos para darle fast-track a estos nombramientos, que se rumora serán aprobados hoy martes.
Como era de esperarse, dentro de dichas designaciones del Presidente se encuentran muchos candidatos provenientes de otras estructuras del gobierno de la 4T, principalmente de la Secretaría de Gobernación, que ya ocupa Luisa María Alcalde, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de María Estela Ríos.
También hay otros que presumiblemente no cumplen con el requisito de contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia administrativa, fiscal, de fiscalización, responsabilidades administrativas o hechos de corrupción. Pero lo más grave es que sólo ocho de las personas designadas por el Ejecutivo corresponden a los 30 magistrados, cuyo proceso de ratificación se encuentra pendiente y que promovieron los juicios de amparo correspondientes.
Con ello se deja fuera a 22 de los magistrados que, derivado de las resoluciones dictadas a su favor en los juicios de amparo respectivos, continúan en funciones.
Evidentemente, esta situación generará un potencial conflicto entre las decisiones judiciales que mantienen en el cargo a dichos magistrados y la decisión de López Obrador de sustituirlos con nuevos magistrados cercanos al régimen.
De tener un déficit de más de 70 magistrados, se tendrá ahora un exceso de 30 magistrados adicionales, por lo que habrá que ver cómo maneja esta situación la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El riesgo de caer en responsabilidades por desacato ante los jueces que concedieron las suspensiones o el amparo y la protección federal en los juicios respectivos, es latente.
EL PÉSIMO RESULTADO de la Selección Mexicana contra la de Estados Unidos, con una goliza de 3 a 0, y después apenas ganando a la de Panamá por un lastimoso gol, metió en una crisis al futbol nacional. La situación se complicó todavía más, con la afición no yendo al estadio en Las Vegas. Sencillamente el Tri perdió valor, pues a pesar de que se decía que era económicamente un éxito en la Unión Americana, ahora resulta que la afición no fue al estadio y las audiencias televisivas también estuvieron mermadas, con una audiencia combinada entre televisoras de apenas unas seis millones de personas este domingo. Lo que es poca asistencia para un juego de final de torneo internacional. Es más, el público quedó en promedio de juegos de Liguilla. Ante esos resultados, deportivos y también una caída en el valor del seleccionado nacional, el nuevo Comisionado del futbol nacional, Juan Carlos Rodríguez, decidió tomar acciones y “jubiló” al director técnico de la selección y al director ejecutivo, Diego Cocca y Rodrigo Ares, respectivamente. Tiene 36 meses el comisionado para poner en orden al futbol y regresar el ánimo de la afición a la selección. Sin ello, está también perdida en lo financiero la Federación Mexicana de Futbol. Pero por lo pronto, parece un acierto la decisión tomada. No había ya más tiempo que perder.
TENDRÁN QUE SER las tres principales aerolíneas del país las que se pongan de acuerdo en cómo van a terminar acomodándose en el Aeropuerto Internacional de la CDMX. El viernes en la Secretaría de Infraestructura fue la primera reunión técnica de evaluación de propuestas del urbanista Oran Tatcher. Como le informé, al gobierno de la 4T le urge hacer una cirugía mayor a la Terminal 1. Y el primer paso es tirarla. Se va a reubicar en la zona donde a su vez se está desalojando la terminal de carga. Se va completar con los espacios que actualmente ocupan las oficinas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús van a tener que sacar vuelos al Felipe Ángeles. Incluso, no se descarta que la Terminal 2, hoy prácticamente exclusiva de la empresa que dirige Andrés Conesa, pueda dar cabida a operaciones de las otras dos que comandan Enrique Beltranena y Roberto Alcántara.
EL GOBIERNO DEL presidente Andrés Manuel López Obrador se desistió de comprar Banamex. Luego de que el tabasqueño instruyera a su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a buscar el mecanismo más idóneo para adquirir el negocio de banca de menudeo, infraestructura, fondos de pensiones privados y patrimonio cultural del Banco Nacional de México, se llegó a la conclusión de que no hay tiempo que alcance para realizar tal operación en los 15 meses que le restan a esta administración. Los encargados de arrastrar el lápiz eran el equipo del subsecretario Gabriel Yorio, el mismo que alentado por los dichos mañaneros de López Obrador declaró en la gira que acaba de sostener por países de Medio Oriente que se analizaban escenarios para unir a Banamex y Banco del Bienestar. Citi, que preside Jane Fraser, ya podrá descansar.
HACE CASI DOS años, Grupo Escato, de Gabriel Gadsden, inició un complicado proceso de concurso mercantil. La novedad es que esta empresa dedicada a elaborar escenografías finalmente logró un acuerdo con la mayoría de sus acreedores para reestructurar su deuda. Tiene la particularidad de haberse alcanzado en etapa de quiebra, pues meses atrás el Juez Segundo de Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira, decidió, así sin más, declarar su quiebra, como si no se necesitaran fuentes de empleo.
El panorama no pintaba fácil para Escato, pero la estrategia legal, dirigida por el litigante Carlos Fernando Chapela, permitió revertir la situación a favor de esta compañía mexicana. Con esto se daría por terminado este capítulo concursal de Escato, lo que privilegia la plantilla laboral y el pago a los acreedores.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
LSN