La democracia no sólo depende de la participación de los ciudadanos en las elecciones, sino también de la calidad de las leyes y reglamentaciones que regulan dichas elecciones.
El lunes pasado, el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó por mayoría de votos la primera parte del llamado "Plan B" de reforma electoral propuesto por el presidente López Obrador. Esta decisión no sólo resalta la importancia de la división de poderes en una democracia constitucional como la nuestra, sino que también pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la democracia mexicana.
La invalidación de este proyecto de reforma se debió a que la propuesta fue aprobada sin respetar el proceso legislativo, el cual está establecido en la Constitución para garantizar la discusión y el análisis de todas las iniciativas de ley que se presenten en el Congreso. Este proceso no es un mero trámite burocrático, sino una salvaguarda fundamental de los derechos democráticos y de la calidad de las leyes que nos rigen.
El partido Morena y sus aliados en el Congreso, el PT y el Verde, lograron la aprobación de la reforma en un modo fast track, abusando de su mayoría legislativa. Sin embargo, como bien señaló el ministro Luis María Aguilar, que por más mayoría legislativa que se tenga, ésta no puede estar por encima de la Constitución. La aprobación de esta reforma por parte de los legisladores de
MORENA, PT y Verde no respetó el principio de democracia constitucional, consagrado en nuestra carta magna, y por ello la Corte invalidó estas propuestas.
Además del desdén de estos partidos por el proceso legislativo, el "Plan B" contenía propuestas que atentaban contra la neutralidad de los funcionarios públicos durante las campañas electorales. De haberse aprobado, se habrían eliminado las restricciones que limitan la promoción de los gobiernos y sus acciones durante los procesos electorales, contraviniendo años de esfuerzos para garantizar la equidad en la competencia electoral.
La propuesta de reforma electoral fue anulada con una votación de 9 contra 2, un resultado que demuestra la preocupación de la Corte por preservar los principios democráticos y constitucionales.
Este veredicto representa un triunfo para la democracia en México. Hoy más que nunca, la división de poderes y el respeto institucional deben prevalecer por encima de intereses partidistas e ideológicos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió su papel de actuar de forma imparcial y objetiva al interpretar y aplicar correctamente lo mandatado en nuestra constitución, evitando el abuso de poder y la violación a las normas constitucionales.
Aún quedan varias batallas por venir en defensa de la democracia, las instituciones y los principios constitucionales que rigen a este país. Y por ello, es de la mayor relevancia la imparcialidad y objetividad de los ministros para garantizar la división de poderes y evitar sesgos políticos.
La anulación del "Plan B" de reforma electoral es un recordatorio de la importancia de la división de poderes y el respeto del proceso legislativo para la construcción de una democracia sólida y justa. Esta una victoria para los mexicanos y para la democracia, asimismo es un llamado a la vigilancia en la protección de nuestras instituciones democráticas.
La decisión de la Corte es un fuerte recordatorio de que la ley y la Constitución están por encima de cualquier partido o mayoría legislativa. Este principio, fundamental en cualquier democracia, garantiza que todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política, puedan competir en igualdad de condiciones.
En este momento crucial para la democracia mexicana, es esencial que todos los órdenes de gobierno y actores políticos asuman su responsabilidad de proteger y fortalecer nuestras instituciones democráticas. La decisión de la Corte debe ser un llamado a la reflexión y a la acción para garantizar que nuestros procesos electorales sean justos, transparentes y respetuosos de los principios
democráticos.
Aplaudimos la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha demostrado una vez más su compromiso con la defensa de los principios democráticos y constitucionales.
POR FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS
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