La derecha mexicana necesitaba una bandera que uniera a los desorganizados grupos anti AMLO, la narrativa entorno a la defensa de sus privilegios y la nula calidad moral de quienes aparecían frente a los contingentes retrasó el inicio de la verdadera guerra contra el Presidente más votado y ,según las encuestas, más querido de las últimas décadas.
¿Y esto por qué es asunto de todes? La derecha mexicana tuvo que guardar sus erráticas agendas partidarias y poner sombra a los rostros impresentables de quienes pretendían encabezar la batalla contra AMLO. Los escándalos de corrupción del PRI protagonizados por Alito, la actitud clasista, discriminatoria, fascista, encabezada por el PAN de Marko Cortés, y la actitud servil de un desdibujado PRD han sido rebasados por un plan que omite personas y coloca la narrativa en la defensa de un concepto, la democracia.
La supuesta defensa del órgano encargado de las elecciones en México es el inicio más articulado y con mejores resultados para la derecha de un fenómeno experimentado en todo el mundo, pero que ha tenido mayor relevancia en la región de las Américas, el lawfare o “guerra jurídica” es justamente lo que representa la falaz defensa al INE. La pretensión de esta estrategia jurídica y mediática es el desprestigio al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para buscar inmovilizar a su movimiento de cara a la sucesión presidencial.
No es el primer intento de una guerra jurídica contra AMLO, pero es el más significativo. La derecha al colocar como bandera la defensa de la democracia, pretende lavarles la cara a personajes defenestrados como Elba Esther Gordillo, Vicente Fox, Ulises Ruíz, Roberto Madrazo, Felipe Calderón, Luis Carlos Ugalde, etc. Todos con un antecedente común, la participación fraudulenta en elecciones.
A diferencia de los llamados “golpes blandos” que buscan la toma del poder de forma ilegal a través de conspiraciones, la guerra jurídica busca poner en marcha todo el aparato judicial para obtener condenas en contra de actores políticos en específico para encarcelarlos o volverlos inviales rumbo a procesos electorales futuros.
Este embate desde los medios y el poder judicial (y algunos órganos autónomos) no se explicaría sin la evidente descomposición de éstos. Jueces y magistrados que han sido nombrados en sexenios anteriores que guardan complicidad con aquellos quienes “les dieron la oportunidad” son los principales protagonistas en estos momentos del conflicto con el llamado Plan B y los empresarios mediáticos que crecieron al amparo de los titulares del Ejecutivo los pasados periodos presidenciales son los encargados de dar forma al mensaje para que la ciudadanía piense que todos los políticos son iguales. El desprestigio como estrategia y la cárcel como destino de sus adversarios, esa es hoy la estrategia de la derecha, la decisión está en la ciudadanía.
POR DANIEL SERRANO
LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX
LSN