Una vez más se convoca a la ciudadanía a defender la democracia. Esta vez llenaremos el Zócalo, espacio que nos pertenece por derecho ancestral, plaza monumental enmarcada en edificaciones que simbolizan la identidad nacional; lugar al que llegamos mucho antes siquiera, de que existieran los partidos políticos. Colindante con la calle del Seminario, su vecindario vio nacer a mis bisabuelos y a mis abuelos; vio crecer a la familia.
Generaciones enteras de mexicanos han transitado por este recinto haciendo patria al ritmo de sus pisadas. Y, en este empeño por construir una nación, no todo ha sido prosperidad en línea ascendente: ha habido aciertos y desaciertos, avances gloriosos y trágicas retrocesos. Las decisiones personales trascienden la historia.
Una vez desechada la iniciativa de reformas a la Constitución que presentó López Obrador el pasado 6 de diciembre, con la intención de debilitar al INE, se presentó el llamado “Plan B” con las reformas legales que fueron aprobadas, hace apenas dos días, por la mayoría morenista del Senado. Eran tantas las modificaciones y fue tan burda y precipitada su aprobación, que evidenció la intromisión del poder ejecutivo en un espacio que no le pertenece, violando flagrantemente el procedimiento legislativo.
Al no haber logrado inicialmente someter al árbitro electoral, la estrategia del “Plan B” fue modificar las reglas del juego democrático, con el propósito de hacer de la elección presidencial del 2024 una elección de estado. La aprobación de dicho plan, constituye una estocada de muerte a la incipiente democracia que tantas lágrimas y sangre —a lo largo de tantas generaciones— ha costado lograr.
Por lo anterior, nos reuniremos el próximo domingo 26 en el Zócalo de la Ciudad de México –así como en distintos lugares emblemáticos de los estados— para ofrecer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en charola de plata, la oportunidad de pasar a la historia como auténticos patriotas que supieron resistir, con plena libertad y autonomía, la embestida presidencial. El antídoto de veneno del plan B es el plan C, mismo que corresponde llevar a cabo, por derecho propio y antonomasia, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al declarar la inconstitucionalidad de las propuestas del presidente.
El plan C consiste, en primer lugar, en defender la Constitución tantas veces manoseada y vilipendiada en este sexenio, pese al juramento con que se comprometió el presidente en su toma de protesta. Se traduce también en retomar el camino asertivo en la interpretación de la ley, en corregir el rumbo amañado hacia donde la ambición desmedida e insaciable de poder del señor que ocupa la silla presidencial, pretende conducir al país. El plan C, consecuentemente, deberá rechazar las contradicciones de quien se desempeña no como presidente de México, sino como un funcionario al servicio de su partido. En pocas palabras, está en manos de los señores ministros rechazar el plan B para restituir la confianza y la concordia entre los ciudadanos, hartos ya de las críticas y descalificaciones con las que cada mañana intenta dividirnos el presidente.
Señores ministros, les espera el juicio de la historia. En sus manos está declarar la inconstitucionalidad del plan B, asegurar el futuro de generaciones enteras, salvaguardar el derecho a elegir libremente a los gobernantes y evitar que sean impuestos a la vieja usanza del PRI. Mucho costó superar prácticas electorales viciadas cuando se conocía el resultado de las urnas antes del día de la votación. La intención del presidente es instaurar el rancio presidencialismo de antaño y, peor aún, instaurar una dictadura —disfrazada de democracia— que goce de carta de ciudadanía, algo de lo que no ha podido librarse Cuba después de tantos años. ¿Cuántos le esperan aún a Venezuela? Y ¿cuántos más podrían comprometer a México si los ciudadanos nos dejamos llevar por la apatía, o no exigimos a los ministros, por justicia, proteger a México?
Nos vemos el domingo 26… ¡Vamos a tomar el Zócalo!
Paz Fernández Cueto
Colaboradora
LSN