Ninguna persona puede estar por encima de la ley y la garantía de los derechos humanos no puede someterse al poder político o económico de un particular o de un grupo determinado con intereses privados. El caso del intento de feminicidio que sufrió María Elena Ríos, saxofonista y activista por los derechos de las mujeres, en 2019 en Oaxaca, revela con claridad que existe opacidad en algunos procesos judiciales en México, y que, para combatir la impunidad, éstos deben regirse bajo la lógica de la transparencia y una verdadera apertura de justicia.
Es innegable que en nuestro país existe una situación diferenciada entre mujeres y hombres, misma que produce condiciones de discriminación y de desigualdad por cuestión de género, que merman las instituciones del Estado y, con ello, la calidad de la democracia mexicana. Aunque en la teoría las legislaciones y los tratados internacionales protegen los derechos de las mujeres; la realidad muestra que existe un largo camino por recorrer. Este ha sido el caso de María Elena, el cual ha estado plagado de opacidades documentadas ampliamente por la prensa nacional y por la propia víctima vía su cuenta de Twitter.
En México, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), hecha por el INEGI en 2021, a nivel nacional, el 70.1% del total de mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un incidente de violencia (psicológica, económica, patrimonial, física, sexual) o discriminación a lo largo de su vida. Asimismo, existen desafíos importantes para prevenir e investigar los delitos cometidos contra las mujeres. La magnitud de estas cifras, así como la especificidad de las violencias, permite considerar a las mujeres como un grupo social en condición de vulnerabilidad. Cabe resaltar que los principales agresores de las mujeres son sus parejas sentimentales, como fue denunciado por la propia María Elena, quien afirma que el actor intelectual del hecho que le cambió la existencia fue su ex pareja.
Si queremos consolidar un Estado de Derecho, la transparencia tiene que encontrarse del lado de las víctimas. Ríos ha denunciado múltiples veces que su proceso ha estado marcado por diversos errores, arbitrariedades y actos de corrupción; la única forma de atacar estos males en cualquier institución mexicana, es implementando mecanismos de justicia abierta que alumbren las entrañas de los organismos encargados de impartir justicia en nuestro país.
En este sentido, la transparencia y el acceso a la información pueden ser aliados clave para garantizar otros derechos, como el acceso a la justicia. La organización de derechos humanos EQUIS Justicia para las Mujeres, utilizó las herramientas de acceso a la información para hacer un diagnóstico sobre las instituciones que deben garantizar justicia para las mujeres en México. En específico, analizó las sentencias del Poder Judicial y su mecánica en los 32 estados de la República para mostrar la opacidad en el aparato de justicia. EQUIS impulsó una iniciativa para transparentar las sentencias judiciales y, a partir de la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública hecha en el 2021, el Poder Judicial está obligado a transparentar sus sentencias, una acción que impacta positivamente en la población mexicana.
En los últimos días, el caso de María Elena Ríos –gracias a su labor y a la de su abogada, Diana Cristal González Obregón– se mediatizó a tal nivel, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo Federal, se reunió con ella y le refrendó el apoyo institucional, además, la Fiscalía General de la República estará al pendiente del trabajo que realizará en la materia la Fiscalía de Oaxaca. Esperemos que esta atención focalizada sea efectiva y se le protejan sus derechos pues, aunque el pasado 25 de enero una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca haya devuelto a prisión preventiva al acusado, eso no exime que Ríos y González estén libres de peligro.
La transparencia y el acceso a la información deben ser instrumentos para facilitar los derechos humanos que nos permiten vivir con justicia.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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