Hace una década, circulaba en Estados Unidos un compendio de la revista académica Trends on Organized Crime (Tendencias del Crimen Organizado) bajo el título Introducción: cárteles mexicanos, crimen organizado contra insurgencia criminal.
El tema era obvio y planteaba, entre otras cosas, la evolución de los cárteles de la droga a empresas policriminales con impacto más allá de las fronteras, y no sólo en EU sino en América Central, Sudamérica, África, Europa y Asia. Anotaba la publicación, "uno de los debates académicos dominantes que ocurren respecto a cárteles mexicanos es la amenaza que pudieran significar para estados soberanos".
De acuerdo con esa formulación, "la base inicial de la insurgencia criminal es de origen económico ilícito" que los mismos cárteles buscan convertir en la creación de "áreas de impunidad" libres de hecho de la influencia del Estado.
El debate era entre aquellos que creían que se trataba de un fenómeno delictivo, con una respuesta policiaca, o quienes pensaban que la respuesta debería incluir a elementos militares y de seguridad nacional.
Mal o bien, y con frecuentes trastabilleos, la respuesta de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón –que marcaron un hito al ser los primeros, tras la finalización de lo que académicos definen como la coexistencia entre narcotraficantes y estructuras al abrigo del dominio del PRI– y del presidente Enrique Peña Nieto, la idea era que la autoridad del estado podría ser reinstalada por la fuerza.
Para algunos, un entorno de conflicto de baja intensidad implica que capos puedan ser atacados y eliminados, con la meta de que "los cárteles puedan ser desmantelados y la legitimidad y solvencia del estado puedan restablecerse en áreas disputadas y perdidas".
La evolución de los cárteles "ha sido influenciada por numerosos factores que van desde políticas gubernamentales intencionales y no intencionales y efectos de segundo orden, a través de cambios en las preferencias y flujos de mercados ilícitos, hasta fusiones de cárteles, luchas internas e innovaciones".
Pero el debate principal está entre quienes ven a los cárteles como simples empresas ilícitas y quienes los ven como posibles adversarios del estado. Valdría la pena preguntarse cómo acomodar esas formas de ver y actuar en la actual discusión sobre el ámbito en que habría que acomodarse a la Guardia Nacional, y la ferocidad de los problemas que enfrenta.
Porque las complicaciones derivadas del presunto entrelazamiento de intereses entre grupos criminales y autoridades municipales y estatales en algunas partes del país, incluso fronterizas, se transforman en problemas para el estado nacional.
No son ciertamente culpa de este gobierno, pero le guste o no, lo acepte o lo rechace, su problema y su responsabilidad.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
MAAZ
