La fascinación por el uso de la fuerza está siempre en el imaginario del cualquier persona en el poder. La tentación por resolver rápidamente los conflictos a través del uso de las armas es una idea que ronda en la cabeza de gobernantes independientemente del costo que esto llegue a tener.
Son precisamente los contrapesos políticos en una democracia los que evitan que una excesiva concentración de poder lleve a estos iluminados a usar las bayonetas en forma indiscriminada para imponer un orden determinado. La pérdida del control del territorio mexicano a manos del crimen organizado se inició desde el momento en que la transición democrática no contempló jamás la sustitución del viejo aparato policiaco persecutorio y dominador de todo el país, por otro capaz de ser eficaz y al mismo tiempo respetuoso del debido proceso, los derechos humanos, y la procuración e impartición de justicia.
Es por esta razón que desde 2006 la idea de usar a soldados y marinos para combatir a los criminales encaramados en espacios de poder y dueños de áreas económicas específicas se convirtió, de una medida de emergencia nacional, a un retorno a los militares como garantes de la seguridad del país. La incapacidad de gobiernos estatales por impulsar desde su propio terreno la creación de cuerpos policiacos propios para sustituir la presencia armada, fue haciendo cada vez más atractiva la opción de una estrategia militar permanente.
Pero la Constitución exige que la llamada Guardia Nacional como alternativa a la ausencia de cuerpos de seguridad estatales esté en manos de civiles, con lo que no existía la posibilidad legal de atarla a las área militares de la administración pública. La única forma de hacerlo fue encontrar un argumento rebuscado para legitimar esta acción: el Presidente es el Comandante General de las Fuerzas Armadas, y siendo un civil se cubre el requisito que la ley demanda.
El problema con esta maroma legal, es que en este caso toda la responsabilidad jurídica de la Guardia Nacional no recaería en los Secretarios de la Defensa o Marina, sino en el primer mandatario de la nación, volviéndolo vulnerable políticamente en un momento dado.
Así, más allá de este argumento legal, y de que las fuerzas militares conjuntas no pueden por sí mismas garantizar la disminución de la violencia sin una estrategia conjunta con la sociedad y policías estatales y eventualmente las municipales, el peligro que conlleva la fascinación por las armas y el empoderamiento de los militares dentro del gobierno mismo, representan por sí mismos un enorme riesgo para la democracia mexicana.
POR EZRA SHABOT
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