Donald Trump no es, de ninguna manera, alguien que provoque indiferencia, ni en Estados Unidos, ni en el resto del mundo. Al hombre del bronceado artificial y la cabellera naranja se le atribuye el resurgimiento del racismo y las políticas de exclusión en su propio país, y se le culpa también por haber inspirado o facilitado la llegada al poder de personajes similarmente divisorios y agresivos, como Jair Bolsonaro o Viktor Urban, en Brasil y Hungría, respectivamente.
Por no hablar de sus agravios y ataques a México y los mexicanos desde el arranque de su primera campaña presidencial. Ha tocado a dos presidentes tratar de torearlo y evitar afectaciones mayúsculas a nuestra economía, pero el daño a nuestros millones de compatriotas en aquel país vecino ya está hecho.
Pues como ustedes bien sabrán, ahora Donald Trump es el sujeto de dos investigaciones criminales a cargo del Departamento de Justicia estadounidense, que podrían conducir a una o hasta dos acusaciones formales que lo llevarían cuando menos frente a un jurado, si no es que a la barandilla de los indiciados o sentenciados.
Al menos eso es lo que muchos dentro y fuera de Estados Unidos se imaginan o desean: que un hombre tan innoble pudiera finalmente enfrentarse a las consecuencias de sus actos, si bien con un par de años de tardanza.
Los dos procesos que podría eventualmente enfrentar Trump tienen que ver, primero, con su participación en la incitación a la revuelta del 6 de enero del 2021, y sus numerosos intentos por “voltear” el resultado de la elección presidencial, usando la intimidación y hostigamiento de funcionarios estatales, así como la falsedad de sus afirmaciones acerca de un supuesto fraude.
La segunda acusación se centra en los documentos clasificados y ultrasecretos que se encontraron en su residencia de Mar a Lago hace apenas unos pocos días. Aquí hay numerosos posibles delitos, de los cuales el menor es el de obstrucción de la justicia.
Hasta ahí lo legal/formal. Nadie da aún por hecho que el Departamento de Justicia vaya a proceder en su contra, y el abogado o procurador general, Merrick Garland, tiene frente a sí el doble reto de determinar si hay o no material para una acusación formal y del costo político que implicaría, ya sea proceder en su contra o echarse para atrás.
Sea como fuere, Donald Trump sabrá aprovecharse de la situación rumbo a su casi segura candidatura en torno a 2024: si lo acusan, se dirá un perseguido político. Y si no, presumirá que dobló al fiscal de Biden.
Los escenarios son tan complejos como inusitados: nunca se ha abierto proceso judicial contra un expresidente, ni tampoco, que yo recuerde, contra un candidato a la Presidencia. Y como bien sabemos, ahí dónde se atraviesan la política y las leyes, siempre pierde la justicia.
POR GABRIEL GUERRA
COLABORADOR
GGUERRA@GCYA.NET
@GABRIELGUERRAC
PAL
