Mientras los presidentes Andrés Manuel López Obrador, de México, y Joe Biden, de Estados Unidos, buscaban proyectar una imagen de cercanía y colaboración entre sus gobiernos, dos propuestas de resolución en el Senado estadounidense reflejaron los nubarrones en la relación.
Los proyectos legislativos, uno demócrata y uno republicano, aluden a temas específicos, con posiciones esencialmente críticas del gobierno de López Obrador, al tiempo de ilustrar la multiplicidad de niveles de las relaciones bilaterales.
Una de las propuestas, presentada por ocho senadores demócratas encabezados por Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta del Congreso estadounidense, se enfocó específicamente sobre los problemas para la seguridad de periodistas en México y lo que considera como responsabilidad del gobierno mexicano.
La segunda, formulada por cinco senadores republicanos encabezados por el floridano Marco Rubio y el texano Ted Cruz, se refiere a la importancia de la relación bilateral y los crecientes desafíos planteados por el crimen trasnacional, la crisis "humanitaria y de seguridad" en la frontera y su posible impacto en los Estados Unidos.
Los considerandos de ambos proyectos no son halagadores para el gobierno de AMLO.
Es muy difícil evaluar cuál será el impacto de esas resoluciones, pero aunque ni siquiera lleguen a consideración formal, marcan una rara coincidencia entre senadores de los dos partidos.
Cierto. No puede olvidarse que Menéndez, como sus contrapartes Rubio y Cruz, son cubano-estadounidenses y por tanto críticos de cualquier gobierno que como el mexicano mantenga relaciones amistosas con el actual régimen cubano, y que los tres han sido objeto de señalamientos personales por parte del presidente López Obrador.
Pero tampoco puede ignorarse que representan puntos de vista y posturas presentes en la sociedad estadounidense, y que muchas son negativas para el gobierno mexicano.
Eso coloca a la administración de Biden como aliado principal del gobierno mexicano en el rejuego político estadounidense, algo que no ha sido raro en una relación oficial basada en los vínculos entre los dos poderes ejecutivos.
Pero esta vez puede también ser el único.
Cuando el gobierno de Donald Trump amenazó con la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, uno de los grupos que se opuso fue el de empresarios con intereses, incluso inversiones en México. Pero hoy ese sector está a la expectativa.
Grupos defensores de derechos humanos y del medio ambiente, que en otras épocas mantenían una fluida comunicación con el gobierno mexicano, ahora parecen casi alineados en contra y los interesados en cuestiones migratorias no acaban de aceptar las acciones para impedir el flujo de migrantes centroamericanos.
Cierto que es imposible complacer a todos y que el gobierno mexicano trabaja para México, pero tampoco puede olvidarse que la cercanía de la relación con Estados Unidos trabaja en dos vías.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
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