La democracia del siglo XXI es y debe ser sinónimo de inclusión. Esto implica dos cosas: trascender y ampliar la representación y asegurar que todas las voces formen parte de los grandes procesos de toma de decisiones. Sí, todos los procesos, lo que incluye también a aquellos que se dan al interior de los principales canales de representación, que son los partidos políticos. En ese sentido, debemos garantizar que todas las personas participen en igualdad de condiciones en todos los espacios, procesos y ejercicios democráticos y, para lograrlo, es primero necesario reconocer que así como en los grandes ámbitos sociales y económicos, en el ámbito democrático persisten enormes brechas de desigualdad que impiden el “piso parejo” en la participación.
Aunque el concepto de democracia es tan viejo como la cultura occidental, durante su larga trayectoria no ha sido entendido de la misma forma. En su momento, cuando la democracia moderna inició en el continente americano, se le pensaba, sí, como un modelo naturalmente opuesto a la idea de la monarquía, pero en el que no todas las voces contaban. Así, en el Estados Unidos del siglo XVIII, las únicas voces que contaban eran la de los hombres blancos y propietarios. Aunque esta idea hoy nos parece inconcebible, y en teoría todas las personas tenemos derecho al voto, desde entonces existen una serie de limitaciones en el ejercicio pleno de la ciudadanía y los derechos civiles y políticos que conlleva. Y estas limitaciones se viven de forma diferenciada.
Por ejemplo, aunque en nuestro país las mujeres adquirieron el derecho al voto en 1953, tuvieron que pasar 63 años antes de que el Congreso de la Unión llegara a la paridad completa y México tuviera su primer gabinete paritario. E incluso ahora, la mayoría de los estados siguen siendo gobernados por hombres, mientras que casi todas las Juntas de Coordinación Política de los Congresos locales, y el mismo Congreso de la Unión, se encuentran conformados, primordialmente por éstos. Lo anterior habla de los retos en la representación y el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos que aún existen para las mujeres y el resto de los grupos históricamente excluidos del juego democrático. Porque, el voto no basta, y debemos garantizar la inclusión y la participación plenas.
Lo anterior implica que todos los grupos y poblaciones históricamente vulnerados cuenten con mecanismos que permitan la construcción de “pisos parejos” en su participación política: las personas de la diversidad sexual y de género, las personas indígenas e integrantes de pueblos y barrios originarios, los grupos afrodescendientes, las personas jóvenes, las personas con discapacidad y los demás grupos cuyas voces fueron excluidas de la política y lo público. Un avance importante en este sentido fueron los Acuerdos emitidos por el INE para el proceso 2021 a raíz de las Sentencias SUP-RAP-121/2020, SUP-RAP-21/2021 y Acumulados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se exigió a los partidos garantizar candidaturas a personas y grupos de atención prioritaria, llevando a una de las elecciones más incluyentes de la historia. Pero este primer ejercicio también hizo evidente que, para que los partidos puedan postular cada vez perfiles más diversos y representativos de todas las poblaciones, estas y estos deben tener un lugar propio en los mismos partidos políticos.
No se trata de lanzar candidaturas sin futuro para cumplir con las reglas del juego: se trata de empoderar a todas las personas para que se formen políticamente y tengan trayectorias partidistas propias, en aras de construir candidaturas y ocupar todos los espacios de toma de decisión. Esta reflexión la hago pensando también en mi propio partido. Morena, como un movimiento que conjuga a distintas fuerzas y luchas de la izquierda y el progresismo, debe garantizar la inclusión de todas las voces en la construcción de su ruta y agenda como partido político.
Tenemos la obligación de dar cabida y peso a nuevos cuadros, que no sólo sean la antítesis de las viejas élites políticas tradicionales, sino que además representen a toda la pluralidad de voces y experiencias que nos dan sentido como izquierda y dan sustancia a nuestra vocación democratizadora. Esto debe determinar el proceso que estamos por vivir con la renovación de nuestra dirigencia y estructura partidista: asegurarnos de que nuestra fuerza sea la inclusión y seamos el movimiento de todas las voces y causas justas, que no son otra cosa sino la base del proyecto de transformación que empezamos a nivel nacional en 2018.
Nos toca, pues, asumir la doble responsabilidad de garantizar acciones afirmativas en las leyes para consolidar la inclusión en todas las fuerzas políticas, pero también ser el ejemplo de las ventajas de la inclusión contando con mecanismos que garanticen la representación de todas las personas en nuestro partido. No es una tarea fácil, pero sí una tarea necesaria: democratizar incluyendo y transformar desde la pluralidad. Ese es el centro de nuestro proyecto de nación, la herencia de nuestro movimiento y debe ser el centro medular de todas nuestras causas. Porque construir una democracia en la que quepamos todas, todos y todes, es, apenas, el primer paso para lograr el país de iguales que aspiramos a ser.
POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
DIPUTADO DE MORENA EN EL CONGRESO CDMX
@TEMISTOCLESVR
PAL
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