La discriminación cuesta, y nos cuesta a todas y todos. Esta es una realidad que debe ser visibilizada en la Ciudad de México, con todo y los avances que ya hemos tenido en la materia. Hacerlo, sin embargo, conlleva la obligación de generar cambios en la perspectiva con la que nos aproximamos al fenómeno estructural de la discriminación y los discursos y actos de odio.
Desde hace décadas la discriminación se encuentra incluida como un tipo específico en el Artículo 206 del Código Penal de la capital. Así, aunque esto fue visto en su momento como un gran logro de la lucha por los derechos de los grupos históricamente vulnerados, hoy nos toca reconocer que la aproximación de la sanción penal —es decir, la vía punitivista— no ha tenido las consecuencias ni el alcance esperados. Esto está inmerso en una reflexión mucho más grande respecto a nuestro sistema penal y la visión imperante sobre temas clave como la seguridad y la impunidad. Pero vayamos por partes.
La discriminación sigue siendo una realidad generalizada en nuestra ciudad, que se expresa de muchas formas y permea todas las esferas de la vida pública y privada de las personas. A lo largo de los últimos meses hemos escuchado algunos casos alarmantes que dan cuenta de ello. De la discriminación a una pareja gay en un conocido parque temático a la exclusión de una mujer otomí de los baños de un centro cultural. La discriminación sigue presente y con un costo social muy alto, que se traduce en la replicación de condiciones de desigualdad y en la exclusión de personas y poblaciones por condiciones como su orientación sexual, su identidad o expresión de género, su pertenencia a un grupo indígena, pueblo o barrio originario o su condición de discapacidad de la vida económica, política y cultural de nuestra ciudad. A la luz de los hechos, fue necesario replantear los términos en que estamos librando el combate a la discriminación.
Lo anterior empezó por repensar el tipo penal existente. La sanción ante la discriminación ha enfrentado una serie de retos, empezando por la dificultad que existe en su acreditación. A lo largo de la última década tan sólo 88 personas han sido consignadas por el delito de discriminación, mientras que sólo cuatro han recibido sentencia. Esto contrasta con las cifras provistas por la última Encuesta Nacional de Discriminación, de acuerdo con la cual al menos 20.2% de las personas de 18 años o más ha enfrentado discriminación a lo largo del último año. Estas cifras no sólo hablan de la poca operatividad que existe del artículo 206 tal y como está construido. Pero también habla del poco efecto que tiene la vía penal para sancionar fenómenos estructurales como la discriminación. Esto nos lleva a pensar que es hora de replantearnos la visión punitivista imperante al día de hoy.
La denuncia al punitivismo es, de hecho, una de las grandes aportaciones del movimiento feminista. Su lectura de la realidad y estructuras sociales dadas debe generar una reflexión amplia sobre la forma en que hacemos leyes y política pública. Muchos de los grandes problemas de nuestra sociedad no se enfrentan llenando las ya sobresaturadas cárceles y centros penitenciarios: es necesario un proceso de reeducación y reinserción social. Combatir la discriminación es uno de los grandes ejemplos de ello.
Es necesario nombrar a la discriminación como el delito que es y asegurarse que quien la ejerce entienda el costo que implica, sí. Pero la vía no puede seguir siendo exclusivamente punitivista. Esta es la lógica del paquete de reformas aprobado recientemente en el Congreso: sancionar por la vía administrativa a todos los actores que discriminen por cualquier motivo, imponiendo una multa o sanción, pero también dando pauta a un ejercicio de reparación integral del daño y la no repetición de los hechos. Así, se pone a las víctimas en el centro y se busca dar un mensaje de responsabilización colectiva sobre la discriminación.
Este es un logro histórico para nuestra capital, con el que sentamos un precedente que habrá de inspirar a otras entidades de la República en la lucha contra la discriminación. Por último, este tema se inscribe en la necesaria reflexión sobre dejar atrás el punitivismo y el populismo penal, y avanzar a un modelo de justicia que priorice la prevención y la reparación integral. La justicia restaurativa es hoy, más que nunca, un tema del que debemos empezar a hablar. Para así, paso a paso, lograr el cambio social que nuestra ciudad y su gente necesitan y merecen. Hoy fue la discriminación, que nos afecta a todas y todos, pero deberemos seguir avanzando hasta ser, auténticamente, una ciudad de iguales. Y eso empieza por virar perspectivas y corregir la traza.
POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
DIPUTADO EN EL CONGRESO DE LA CDMX POR MORENA
@TEMISTOCLESVR
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