¿Qué tan importante es la digitalización en la transparencia y rendición de cuentas? ¿Qué tanto México está avanzado para lograr esos objetivos? La importancia de estas cualidades de un régimen democrático se sustenta en la Constitución Política, pero especialmente en la necesidad de construir confianza y credibilidad ciudadana con respecto a las instituciones públicas.
Por fortuna, el avance tecnológico ha abierto a algunos gobiernos la oportunidad para transparentar sus acciones, pero además para hacer cumplir las leyes. Por poner un ejemplo, la digitalización fiscal, al contar con software o sistemas de información mucho más avanzados, pueden establecer candados restrictivos, cruce y conciliación de datos de las operaciones financieras o bancarias de los contribuyentes, posibilitando una mayor recaudación y prevención de fraudes.
Al tener un proceso digitalizado hay menos interacción entre seres humanos con menor espacio a prácticas como el soborno y por lo mismo, menos oportunidad de cometer algún delito fiscal. De acuerdo con el portal ciat.org, un ejemplo de esta tendencia es el sistema de recaudación “Connect” que utiliza Gran Bretaña para “analizar los datos de los contribuyentes y las redes sociales para identificar a los potenciales evasores de impuestos. Su algoritmo predictivo identifica a las personas con más probabilidades de cometer fraude fiscal y ayuda a diseñar acciones preventivas…”.
Otro ejemplo de gobierno abierto es Dinamarca, uno de los países menos corruptos en todo el mundo considerado por sus altos estándares de prácticas democráticas altamente asimiladas entre la ciudadanía. De acuerdo con el análisis de Open Gov Week (OVW) Dinamarca fue pionero en la incorporación del acceso a la información, así como el registro de beneficiarios reales en su marco institucional.
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Si bien, estamos hablando de países menos corruptos según el índice de percepción de corrupción (IPC), si se permite el término, de una cultura antisoborno, donde los propios ciudadanos y los gobiernos actúan de manera voluntaria para lograr ese objetivo y utilizan herramientas digitales para afianzar ese compromiso, qué pasa con países como México, cuya posición en el tablero de percepción de la corrupción se ubica en el lugar 124 de 184 países. No es gratuito, que una de las principales aristas en la narrativa de la actual administración ha sido la lucha contra la corrupción, considerando que la percepción sobre México ha sido negativa, colocándose junto a países como Nueva Guinea, Gabón y Níger, de acuerdo con Transparencia Internacional.
Durante los últimos 20 años se han implementado procesos digitalizados, así como diversas acciones como la creación de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o bien, el Sistema de Administración Tributario, que para bien o para mal han diseñado sistemas mucho más sofisticado para evitar, precisamente, la evasión fiscal. Sin embargo, aquí surge una interrogante: ¿es la digitalización susceptible de corruptelas y ello representa más opacidad que transparencia? Al final, la digitalización es un medio para un fin, pero para poder lograr que esa transformación se logre, debe alcanzarse una regulación más contundente, robusta y eficiente que impida a las autoridades o los usuarios de las herramientas digitales, aprovechar lagunas para cometer fraude.
Habrá que ver qué otras herramientas se podrán ir desarrollando conforme se den los avances tecnológicos y que los podamos implementar en nuestro país más proclive a la construcción de confianza y credibilidad en las instituciones públicas.
POR MÓNICA MIGUEL CÁRDENAS
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