Si se confirma la propuesta de sentencia de la corte de los Estados Unidos, que en los hechos permitiría a los estados que restrinjan o eliminen el derecho a interrumpir legalmente el embarazo, se espera que en la mitad de las entidades sea prácticamente imposible abortar. Eso significa que en varios lugares no se pueda encontrar una clínica que realice dicha práctica a una distancia accesible. De acuerdo con un cálculo del diario The Guardian, Luisiana, por ejemplo, se tendría que realizar una viaje de más de 900 kilómetros a una clínica de un estado cercano que lo permita, en Florida y en Mississippi alrededor de 700, en Texas tendrían que viajar 640 kilómetros. Aunque en ese caso ya existen iniciativas para que mujeres y personas gestantes viajen a Coahuila, cuya ley anti aborto fue declarada inconstitucional por la corte mexicana, que ordenó a las entidades legislar para garantizar ese derecho.
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El tema es que, ante las nuevas circunstancias, es necesario organizar los desplazamientos desde ciudades en las que será muy difícil o imposible abortar y las acciones de acogida en las urbes en las que se seguirá esta práctica legal. Un reportaje de la periodista Sarah Holder de Bloomber City Lab las ciudades norteamericanas ya planean políticas en ese sentido en ciudades progresistas. Es el caso de la Ciudad de Austin, que ante la probable que las restricciones al aborto crezcan, se está organizando un plan para que las mujeres y personas gestantes tengan acceso a una clínica de Nuevo México, en donde se espera que la legislación pro choice se mantenga. Las ciudades que serán santuarios también se preparan. El ayuntamiento de Los Ángeles, por ejemplo, aprobó un presupuesto de 20 mdd para un proyecto piloto que garantice la interrupción legal del embarazo independientemente del lugar de residencia de las personas. Nueva York y Portland anunciaron fondos adicionales para organizaciones que apoyen a personas de bajos ingresos y de otras ciudades en el tema. Ante el clima de crispación con respecto al tema, ciudades como Palm Beach se organizan para evitar que acose a se ataque a quienes se realicen los procedimientos en las clínicas. Se busca también implementar mecanismos alternativos, como el envío por correo de medicamentos abortivos cuya administración se pueden recetar por consultas remotas.
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La experiencia de la Ciudad de México puede ser útil en esa tarea. Por años la ciudad ha apoyado a quienes vienen de otros lugares del país para interrumpir legalmente y de manera segura un embarazo. Esto es posible porque el sistema de salud local cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica necesaria para atender la demanda del servicio de manera masiva. Además de organizaciones que atienden a personas de todo el país. Eso, por cierto, es lo que falta en el resto de las entidades en donde el aborto no está penalizado, ya que el derecho solamente se garantiza por medio de servicios de salud gratuitos y eficaces. Por cierto, sería bueno que en la capital se legislara, como lo hizo España recientemente para penalizar a personas que realicen actos ofensivos, intimidatorios o de plano violentos contra quienes ejercen el derecho de abortar. Eso sucede en la ciudad, basta ver lo que sucede fuera de las clínicas que lo practican.
POR VIDAL LLERENAS
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