Cuando Enrique Peña Nieto ganó la elección de 2012 asumió una realidad: su partido no tenía votos suficientes para realizar las
reformas constitucionales que buscaba promover. Su alternativa fue hacer trabajo político con la oposición para construir acuerdos.
Ello implicó dos cosas: (1) Había que dialogar para construir una agenda con propuestas iniciales y debatir para perfilar las reformas; y (2) las propuestas presidenciales difícilmente serían aceptadas tal como las habían diseñado sus colaboradores. La estrategia se llamó Pacto por México.
La lección es evidente: ni la Reforma de la industria eléctrica, ni la electoral o a la Guardia Nacional prosperarán sin un trabajo político que incluya a la oposición. Eso era lo que buscaba Santiago Creel en su acercamiento con el Secretario de Gobernación para establecer mesas de diálogo. Eso se esperaba del llamado al Parlamento Abierto para discutir la normatividad sobre la industria eléctrica.
Las respuestas están a la vista: el diálogo con la Secretaría de Gobernación se canceló y la propuesta de la ley eléctrica incorporó pocos cambios que no satisfacen las expectativas de los actores involucrados. Prevalece el espectro de intentar no modificar una sola coma a las propuestas.
En consecuencia, no se ven avances para construir nuevos acuerdos y el Presidente sigue sin los votos para realizar sus reformas. Es muy factible que en el Congreso haya voces que buscan acercar las posiciones y sembrar la base de posibles acuerdos. Pero el Presidente opta por llamar a diputados del PRI, PAN y PRD a sumarse a su propuesta para no proteger a las empresas particulares y no ser “traidores a la patria”. La reacción era previsible: la oposición se molesta, se unifica y le recuerda al Presidente que no tiene los votos suficientes.
Cualquier intento de construir acuerdos, fácilmente se desvanece ante declaraciones innecesarias, como si se renunciara a
hacer política para gobernar.
Hace ocho años iniciaron los trabajos del INE, después de una reforma electoral compleja, que justamente fue producto de un intenso trabajo político que privilegió la construcción de consensos ante los intereses específicos de los partidos. El resultado fue una Ley que pronto mostró sus virtudes, sobre en los estados.
La cantidad de alternancias en las gubernaturas, congresos locales, presidencias municipales y en la misma Presidencia de la República, muestran la fortaleza de la Ley y del conjunto de autoridades electorales, no solo del INE. La ley funcionó. Hoy se busca trastocar ese orden sin más argumento que ahorrar dinero.
Los legisladores tendrán que hacer mucha política para construir acuerdos que realmente fortalezcan nuestra democracia, en lugar de centrar el discurso en atacar a la institución que ha mostrado capacidad para organizar elecciones impecables. Es hora de privilegiar la política sana, sobre la crítica iracunda sin sustento. Felicidades al INE por ocho años de éxitos.
Arturo Sánchez Gutiérrez
Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
Tecnológico de Monterrey
@ArturoSanchezG
MAAZ
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