Hace meses que los principales órganos identificados con la izquierda latinoamericana evitan referirse siquiera a Nicaragua, uno de los tres países presuntamente socialistas de la región y uno al que sus críticos comienzan a comparar con Corea del Norte por su aislacionismo.
La omisión no es gratuita. Es difícil justificar una simpatía abierta o un apoyo político a un gobierno construido sobre la represión, el uso y el abuso de leyes ad hoc para justificar arrestos y maltratos. Justamente todo aquello que reprueba esa izquierda que se precia de moderna, que ha llegado al poder por elecciones y frecuentemente, a pesar del uso de leyes y herramientas judiciales en su contra, y es la verdadera protagonista de la "marea rosa" que con sus diferentes tonalidades avanza en la región.
El gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, acumuló el año pasado más de un centenar de presos políticos de alto perfil, en lo que fue una forma tan efectiva como transparente de eliminar a posibles competidores en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.
Que era probable que Ortega hubiera ganado los comicios sin mayor problema no fue suficiente para un régimen que es acusado de buscar la instauración de una nueva dictadura familiar dinástica. Como la que la familia Somoza mantuvo de 1936 a 1979 y que fue derrocada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Que algunos de los más destacados líderes históricos del FSLN fueran apresados en 2021 no contribuye a confiar en que el régimen Ortega siga el legado histórico de un movimiento que demandó, y de hecho celebró, y respetó elecciones libres, que ganó, perdió y volvió a ganar con el propio Ortega al frente.
Uno de ellos, el general Hugo Torres, murió en prisión por problemas de edad y complicaciones de salud. Otra más, Dora María Téllez, está en la cárcel. Ambos fueron figuras señeras de un movimiento que capturó la imaginación y la simpatía del mundo.
Los juicios que ellos y otros enfrentaron o enfrentan, pueden ser vistos como lo que un connotado centro de análisis de la izquierda latinoamericana llamaría lawfare, el uso indebido de instancias legales y judiciales, con fines políticos.
Pero eso implicaría expresarse negativamente de un régimen "de izquierda", algo que sólo algunos elementos más o menos iconoclastas, como el nuevo presidente chileno Rodrigo Boric, pueden darse el lujo de hacer.
El gobierno de Ortega parece estar en una campaña de autoaislamiento, que lo ha llevado a confrontarse con aquellos que no son abiertos simpatizantes, de EU a España, del Vaticano y la OEA a Suecia, Holanda, Argentina, Costa Rica y Colombia.
El gobierno mexicano afirma que es necesario mantener abiertas las posibilidades de comunicación y designó como su embajador a Guillermo Zamora, un periodista y antiguo simpatizante sandinista y presuntamente amigo de la familia Ortega. Buena suerte.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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