El pasado martes cuando la familia del adolescente Hugo Carbajal, asesinado durante una fiesta clandestina en Atizapán de Zaragoza, bloqueó Periférico, la prensa se preguntó dónde estaban las autoridades de gobierno.
Finalmente y después de seis horas de un caos vial histórico, al lugar arribó Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario de Gobierno del Estado de México, con el fin de intentar desactivar la toma de la avenida más importante de la Zona Metropolitana, pero el funcionario fue tomado como moneda de cambio por la familia de la víctima (se entiende la medida en un país donde a pesar de identificar a los asesinos éstos quedan impunes en nueve de cada 10 delitos) y a pesar de las largas horas y madrugada entera, en espera de que la Fiscalía hiciera su trabajo, nunca se supo nada del gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo.
Ni una mención, ni una entrevista, ni si quiera un tuit desde la cuenta del gobierno o personal se conoció por parte del mandatario mexiquense y ahora se sabe por qué: resulta que Del Mazo sostenía una reunión con un empresario del Sur de la Ciudad de México, donde además departían con otros gobernadores como Maru Campos (Chihuahua), Marina del Pinar (Baja California), Omar Fayad (Hidalgo), Mauricio Vila (Yucatán), Rutilio Escandón (Chiapas) y Diego Sinhue (Guanajuato).
Un día después, el asesino de Hugo Carbajal se entregó y por fortuna la protesta de familiares y amigos del chico liberaron la zona. Ahora falta que se reponga Del Mazo, después de lo vivido en el Edomex y de conocerse que abundan las fiestas clandestinas en la entidad, debería encabezar con diputados federales un proyecto para regularlas, pues es sabido que en patios privados o casas se llevan a cabo eventos donde se establecen covers, y venden bebidas alcohólicas y drogas.
Sin embargo, las sanciones sólo se quedan entre cinco mil y 100 mil pesos a los organizadores, a pesar del consumo excesivo de drogas y alcohol en menores de edad. Las penas deberían ser más severas y sancionar con cárcel a quienes promuevan las drogas y el alcohol en las “fiestas privadas”, que es el concepto con el que se ha logrado evadir la ley y que representa un grave problema no sólo en el Edomex, sino en todo el país
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UPPERCUT: La diputada trans Salma Luévano Luna (Morena) presentó una iniciativa que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General para que el nombre de la Comisión de Diversidad pase a Comisión de Diversidad Sexual; es que actualmente es Comisión de Diversidad y puede entenderse en cualquier ámbito. Todo iba bien hasta que Aleida Alávez, vicecoordinadora de Morena, frenó el plan de Luévano. Doble moral se le llama.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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MAAZ