La semana pasada, el presidente de la República, aseguró que no se dejaría a las escuelas de horario ampliado sin horas extras de aprendizaje y no se cancelaría el servicio de alimentación. Desafortunadamente, las Reglas de Operación del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) que la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el pasado 28 de febrero, impiden cumplir el compromiso presidencial.
Cómo se puede resolver esta contradicción: modificando dichas reglas. Algunos estados han ofrecido, con recursos propios, mantener el programa. Hasta este momento, 14 estados han expresado sus intenciones continuar con las escuelas de tiempo completo (ETC): Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán. Sin embargo, esta intención tiene retos e implicaciones que hacen difícil que los estados puedan sostener la inversión.
Se necesitan más de 10,000 millones de pesos para el funcionamiento adecuado de las ETC. Y existe una brecha entre los estados que pueden solventar el gasto y los que no. En el primer caso, por ejemplo, están Baja California (donde hay 503 escuelas), la Ciudad de México (500 escuelas), Estado de México (1,300) y Chihuahua (804). Mientras que aquellos que no se han pronunciado por mantener las ETC son precisamente aquellos con los porcentajes más altos de escuelas beneficiadas, como Campeche (35% de sus escuelas de educación básica), Aguascalientes (32%) o Colima (31%) o estados con graves problemas de rezago educativo como Chiapas y Oaxaca. Si estas entidades no continúan con el horario extendido va a haber una grave brecha de aprendizaje con los niños de los estados que sí lo están haciendo.
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Nos parece valioso que exista un programa destinado a atender el grave problema de infraestructura escolar y consideramos que el programa La Escuela Es Nuestra es necesario para atender el rezago en infraestructura; por ejemplo, hoy todavía tenemos 27% escuelas de nivel básico sin agua potable, 17.3% sin baños y 14.1% sin luz. Lo que nos parece deleznable es que los recursos provengan de burdos recortes a otros programas y se pretenda justificar como una priorización educativa.
¿Cómo fue posible desaparecer tan importante programa? Bastó que una persona, supongo por desconocimiento, ordenara su desaparición para que todos acataran sumisamente la instrucción. Ciertamente no es la primera vez que sucede, contamos con un enorme cementerio de programas educativos desaparecidos que lo demuestran. Lo que asombra es cómo una cadena de funcionarios educativos, hacendarios, representantes populares y dirigentes sindicales no hayan podido detener la decisión. No contamos con diques presupuestales para contener las ocurrencias.
La desaparición de este programa nos lleva a plantear la necesidad de incorporar mecanismo procesales y administrativos más rigurosos que contemplen la participación informada y mayor acceso a información en los procesos presupuestales. La existencia de CONEVAL, las comisiones legislativas, lo parlamentos abiertos y COFEMER fueron insuficientes para evitar el agravio contra los derechos educativos de millones de niñas, niños y jóvenes.
POR FERNANDO RUIZ
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO
@FRUIZ_RUIZ
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