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La Ley Charmin

En fin. Ya inmersos en el tema, López Obrador y sus seguidores quieren darle a la revocación de mandato el cariz de ratificación

OPINIÓN

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Alejandro Cacho / Touché / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

Algunos prefieren Pétalo, Regio, Cottonelle, Elite, Scott, Great Value y más. Unos tienen hojas dobles o son más suaves que otros. No importa, todos sirven para lo mismo y ese es el uso que le dan nuestros políticos, partidos y autoridades a la legislación electoral.

Llevamos meses hablando, leyendo y escuchando acerca de la Revocación de Mandato, que se estrenará como figura de democracia participativa el próximo 10 de abril, y en no pocas ocasiones esas menciones han violado la ley. Se trata de un ejercicio plagado de problemas y polémica desde el inicio. Hasta hoy, nadie ha pedido que el presidente López Obrador deje la Presidencia de la República antes de que termine su perdido, en 2024. Es él quien se ha empecinado en llevar a cabo esa votación para medir su fuerza electoral a la mita del periodo y de cara a la elección de su relevo.

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En fin. Ya inmersos en el tema, López Obrador y sus seguidores quieren darle a la revocación de mandato el cariz de ratificación.

Nadie duda que la mayoría de quienes vayan a votar decidirá que López Obrador se mantenga en el cargo. La gran pregunta es ¿Cuántos votos logrará? Además, la Revocación de Mandato es un ejercicio costosísimo en tiempos de crisis económica y el pretexto perfecto para mantener encendida la campaña contra el Instituto Nacional Electoral desde Palacio Nacional. ¿Qué pasaría si la mayoría decide que López Obrador deje la presidencia antes de 2024, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos manda que su periodo termina el 30 de septiembre de 2024?

Hay más. La Ley Federal de Revocación de Mandato fue aprobada por diputados y senadores en septiembre de 2021. El artículo 35 constitucional establece las reglas para su difusión. Dice textualmente que el INE y los organismos electorales locales, son los únicos facultados para difundir la revocación. Agrega que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión para influir en la opinión de los votantes.

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Pero la realidad es que el país está inundado de anuncios espectaculares que promueven la revolución a favor de López Obrador. Nadie sabe quién pagó tantos millones de pesos. Además, desde Morena y todos sus gobiernos en la república se emprendió una estrategia de promoción para ratificar a AMLO el próximo 10 de abril.

El INE tiene la obligación de evitar y sancionar la promoción ilegal, pero nadie le hace caso. Al contrario, sus esfuerzos sirven para arreciar los ataques en su contra desde el poder. No hay quien pueda poner orden, lo que significa un muy mal augurio si pensamos en el escenario de la elección presidencial de 2024.

Para los políticos México, la ley sirve para lo mismo que un rollo de Charmin.

POR ALEJANDRO CACHO
CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM
@CACHOPERIODISTA

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