El pasado miércoles fue presentado en la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen de reforma electoral con (ligeras) modificaciones al realizado desde Palacio Nacional, manteniendo en esencia lo planteado por López Obrador. Dicho documento se circuló en las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, Gobernación y Población y Puntos Constitucionales y consta de casi mil páginas para revisarse en cinco días para revisarse y votarse para los días del 28 al 30 del mes en curso.
Más allá de la marcha en defensa del INE, -la cual cimbró en lo más profundo-, el presidente continuará con su plan inicial. Sin embargo, lo hará “con perfil bajo”, no seguirá insistiendo desde la conferencia matutina, incluso ayer comentó: “No, ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que no quieren? Que se reduzca el presupuesto. ¿Qué es lo que no quieren? Que en vez de 500 diputados haya 300 para que no existan los llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de manera directa.
¿Qué es lo que no aceptan? Que los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que no aceptan? Que que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre entonces eso no lo aceptan, como no lo aceptan pues vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución, lo que establece, nos permita lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones. Que bien que ya no se va a poder por ahora llevar a cabo la reforma constitucional pero sí se va a presentar una reforma legal”.
Fiel a su costumbre, López Obrador, traslapa la discusión profunda de las reformas -que no ha podido pasar- hacia otro plano. Ya lo hizo con la reforma eléctrica a la dimensión jurídica y, en esta ocasión lo hace de manera retórica y bajando las modificaciones constitucionales a reformas en el ámbito legal. Esto, evidentemente no es casualidad, el presidente hará todo lo que esté en sus manos para lograr esta reforma y atestar el golpe al Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo, a los actuales consejeros con quienes se ha enfrascado en una lucha bizantina.
Refiero a la profundidad del debate respecto a la reforma electoral, pues existe mucha tela de donde cortar y no solo una discusión maniquea entre estar a favor del INE o a favor de AMLO, debemos ir más allá, elevar el diálogo. ¿Se debe abaratar el Instituto? ¿Vale la pena la austeridad republicana en la piedra angular de la democracia en México? ¿Es favorable para el país la eliminación de la representación proporcional?
¿La elección de legisladores por lista es adecuada para nuestra democracia? ¿El voto electrónico es deseable? En relieve, ¿esta reforma favorece a la sociedad mexicana? No pueden haber respuestas -cerradas-. Tendría que existir una serie de mesas técnicas para poder responder de manera objetiva y concreta.
Sea cual sea el destino de esta reforma electoral, para el país quedará como un debate inconcluso e insuficiente. Organismos internacionales, técnicos especialistas en la materia e instituciones electorales de otros países deberían de estudiar nuestro sistema electoral, su historia y esta reforma que se pretende aprobar (o no) en los siguientes días. Elevemos las miras y el debate de todo lo concerniente a lo público.
POR ADRIANA SARUR
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MAAZ