Durante los últimos cuatro años, la administración se ha centrado en proyectos prioritarios de los cuales se ha señalado en ocasiones los sobrecostos derivados por la planeación, la falta de estudios y proyectos que den soporte al desarrollo de la infraestructura por parte de los entes gubernamentales a cargo de su estructuración.
Aunado a lo anterior, la inversión pública en infraestructura ha sido menor respecto a la tendencia al alza que tuvo en administraciones pasadas y con una asignación de recursos desequilibrada, lo que se ha traducido en rezagos en sectores como salud, carreteras, hospitales, agua, energía, entre otros, aún y cuando es una certeza que la inversión pública y privada por sí sola genera múltiples beneficios económicos y sociales.
La caída de los ingresos petroleros a partir de 2015 así como un nuevo desplome de los precios del petróleo y la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 en 2020, han sido factores que han debilitado la economía del país provocando al gobierno federal a reducir gastos de inversión y de forma muy particular la inversión física.
El gasto en inversión física cayó de 3.6 por ciento del PIB en 2016 a 2.6 por ciento en 2017. Durante 2020 representó 2.8 por ciento del PIB y se estima que al cierre de este año estará en niveles similares a los de 2020. El error consiste en dejar de invertir en infraestructura. Además del gasto social, el que se destina a inversión física es uno de los rubros más importantes para lograr la
consolidación de la reactivación económica y con ello incentivar al sector privado, creándose una sinergia relevante en la economía que se traduce en más empleos para la población, mejor calidad de vida y bienestar.
Así pues, la siguiente administración tendrá tres grandes retos en esta materia: a recuperar el nivel de inversión pública en infraestructura al menos a los niveles que se tuvo en el periodo 2009 a 2015; b) asignar el presupuesto en gasto para infraestructura de una forma más equilibrada y c) Incentivar de manera más contundente la participación del sector privado, a través de Modelos de Inversión Mixta.
Es fundamental regresar a las buenas prácticas. No se puede desarrollar infraestructura sin contar con los estudios, permisos, factibilidades y proyectos necesarios. El resultado es contundente: sobrecostos exorbitantes e incumplimiento en los plazos de
ejecución. La siguiente administración enfrentará muchos problemas que deberá resolver y solventar con objeto de culminar las grandes obras de esta administración y asegurarse que su operación sea eficiente. No podemos darnos el lujo de seguir improvisando.
Los aspirantes a la presidencia en el periodo 2024-2030 deben:
- Contar con un diagnóstico muy claro de la situación actual.
- Desarrollar una cartera de proyectos analizados a detalle, no simples ideas.
- Planear el desarrollo de un programa de infraestructura agresivo y equilibrado.
- Fomentar y asegurar el fortalecimiento de las dependencias encargadas y responsables de los proyectos, en estricto apego a las leyes que amparan su jurisdicción y competencia.
- Promover que los proyectos se socialicen con objeto de evitar que el gobierno sea rehén de demandas sociales que en el fondo son extorsiones y actos de corrupción.
- Hacer partícipe al sector privado de la planeación y ejecución de la infraestructura, de manera estructurada y no coyuntural, brindando certeza a las inversiones que realizarán con una clara transferencia de riesgos.
La infraestructura social y económica están abandonadas. Es momento de abonar y generar propuestas. Hoy estamos en un buen momento para planear, en 2024 ya será demasiado tarde. México requiere de más y mejor infraestructura.
POR ADOLFO X. ZAGAL OLIVARES
SOCIO GEA INFRAESTRUCTURA
AZO@GEAINFRAESTRUCTURA.MX Y ZAGALADOLFO@GMAIL.COM
MBL