Si alguna vez, en algún momento, la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, o sus amigos creyeron que tenía alguna posibilidad de lograr la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esa oportunidad quedó eliminada el miércoles, gracias a su colega Luz Elena Baños Rivas, representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
A menos de que haya actuado por cuenta propia, aunque con base en declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, la embajadora Baños Rivas hizo eco de un severo ataque a grupos no-gubernamentales y organismos como la Comisión, a los que acusó de ser "arietes" del conservadurismo.
¿La queja? Lo que muchos consideran militarización de la vida pública en México.
La candidatura de Bárcena, si alguna vez pasó la mención en una mañanera del presidente López Obrador, queda cuestionada por el notable bajo nivel de la representación mexicana en la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
El viajero fue Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la SRE. Nada en contra excepto que, de acuerdo con lo que se dice en Argentina, se esperaba una representación de mayor nivel, siquiera a través de Maximiliano Reyes, el operador político latinoamericano del canciller Marcelo Ebrard y actual subsecretario para América Latina.
Horas después, funcionarios de la SRE atacaban, por su parte, a la Comisión de Venecia por la Democracia a través de la Ley del Consejo Europeo, por haber, por su parte, osado pronunciarse sobre la propuesta reforma electoral y advertido lo que consideran como riesgos contenidos en ella.
Por supuesto, la solicitud de opinión fue hecha por grupos discordantes con el gobierno, como el INE, y por tanto, su expresión fue rechazada de inmediato, de forma vehemente, por voceros oficiales y portavoces quién sabe si competentes, pero como debe ser, a tono con el punto de vista presidencial.
Las indicaciones son, en todo caso, las de un aparato de política exterior a la defensiva, más allá de los rechazos a la presunta injerencia externa en México –que según la tradición, es aceptable si es elogiosa–.
Para nadie es un secreto que el gobierno de López Obrador ha tenido desde el principio una difícil relación con los organismos no-gubernamentales (ONG) de sociedad civil, derechos humanos o ambientales, nacionales o extranjeros.
La acusación de complicidades conservadoras contra grupos que tienen un sólido historial de trabajo y enorme respeto y apoyo internacionales, como el Centro Miguel Pro o Buscando Desaparecidos, tiene más de "no me tienen paciencia", que de realidad.
Y si se agrega que la relación con el principal socio de México, Estados Unidos, también principal accionista del BID, no está en el mejor de los momentos...
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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