A lo largo de 32 años , el IFE y el INE han desarrollado un complejo sistema de procedimientos electorales derivados del mandato constitucional y de las leyes electorales. Se trató de un proceso gradual que, reforma tras reforma, permitieron afinar cada paso del proceso electoral para brindar confianza a los actores políticos y certeza sobre los resultados.
Cada modificación constitucional permitió consolidar los candados, para desterrar cualquier forma de fraude y evitar que un voto emitido se contara en sentido contrario a la voluntad del elector. Por ello, prácticamente todos los procedimientos son vigilados por representantes de los partidos políticos y es la ciudadanía la que integra las mesas directivas, mediante un complejo proceso de selección y capacitación que es caro, pero garantiza que se cuenten bien los votos.
Una nueva reforma constitucional en materia electoral, que surge del partido en el poder, y que se elaboró sin el consenso de todos los actores, abre la puerta al establecimiento de nuevas prácticas que podrían tener efectos regresivos para nuestra democracia, especialmente si el objetivo aparente es sólo ahorrar dinero, recortar personal y cambiar la estructura de la institución.
Lo que a veces se olvida es que el costo de las elecciones también tiene que ver con la eficiencia y eficacia con la que trabaja el INE y los controles a los que está sujeto. Por eso no sorprende que analistas y opinadores se hayan manifestado en defensa de las autoridades electorales y que sea importante cuidarnos de nuevos posibles fraudes, si se relaja la calidad de los procedimientos vigentes.
La eficiencia del INE radica en el conjunto de amarres constitucionales que permiten la operación electoral, por eso, cada cambio constitucional tendría que acompañarse de ajustes a la ley. Hoy en día no es posible un cambio sin visualizar integralmente sus efectos en cada parte del proceso electoral. La propuesta plantea reducir de 11 a siete el número de las y los consejeros electorales, y en el discurso se menciona la posibilidad de “negociar” que pudieran ser nueve.
Lo que no se analiza es el trabajo y la responsabilidad que deberá tener cada miembro del Consejo General, el número de comisiones que deben de integrar, los proyectos y acuerdos que se requiere construir y los tiempos que se requieren para mantener la calidad de los procedimientos electorales, junto con el acompañamiento de los representantes de los partidos políticos.
Y, al mismo tiempo, se busca que desaparezcan los OPLEs y el INE se encargue al cien por ciento de las elecciones locales. Por eso, a estas alturas, sigue sin quedar claro el objetivo de fondo de la propuesta de reforma constitucional. Hoy no sabemos si la coalición en el gobierno tiene los votos suficientes para lograr el cambio constitucional, pero en todo caso, los riesgos para la democracia de facilitar los votos que faltan son muy grandes.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR INVESTIGADOR DEL TEC DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
MAAZ