Existen diversos autores que pugnan por lo que se denomina Economía del Bien Común, entre los que destacan el suizo Christian Felber y el francés Jean Tirole.
En lo particular, en cierta tesis doctoral he desarrollado este concepto, dándole un sentido jurídico nacional basado en la doctrina tomista de bien común, y lo he aterrizado al marco jurídico energético de México.
En resumen, tengo claro que ninguna actividad económica puede estar basada únicamente en la maximización del lucro mercantil, cuando éste sea en perjuicio del medio ambiente o del pleno desarrollo de las familias y sus comunidades.
Pero, quiero ser muy cuidadoso, porque lo anterior no implica que se intenten formulas mágicas del pasado que han demostrado, una vez tras otra, su rotundo fracaso. Así también tengo claro que el populismo setentero y el comunismo, si bien pudieran tener un sentido de justicia, sólo aportan desastres.
En México, el Artículo 25 de la Constitución pugna expresamente, desde hace muchas décadas, por una justicia distributiva que se derive de la eficiencia administrativa por parte del Estado. Es ahí también que se hace una de las múltiples referencias al término Soberanía de la Nación.
También se señala que es la competitividad, la que permite a la primera, no a la inversa, contrario sensu, eliminar la competitividad y vulnera a la Soberanía de la Nación, pues constitucionalmente, “competitividad” es sinónimo de inversiones y creación de empleos.
Los proyectos de energía, si bien no son los únicos, son pilares fundamentales para lograr la competitividad económica, al poder ofrecer un sistema eficiente, económico y de calidad, para que los diversos sectores industriales puedan asentarse en México, crecer y crear empleos y una derrama local y federal de impuestos.
Otra vez, contrario sensu, un sistema ineficiente, costoso e insuficiente vulnera la capacidad de crecimiento industrial, lo cual tiene afectaciones negativas tangibles.
Entender que la Soberanía de la Nación es sinónimo de eliminar la inversión y la competitividad en la generación y comercialización, y no aportando crecimiento a las áreas donde sí es directamente soberano el Estado (transmisión y comercialización), traerá los efectos negativos tangibles que hemos señalado.
Primera llamada en responsabilidad del Estado de que la Soberanía Energética vulnera a la Soberanía de la Nación. No son sinónimos, son antagónicos.
Por Claudio Rodríguez Galán
Socio de la Práctica de Energía Holland & Knight
@claudiorodríguezgalan
dza