El 11 de septiembre de 2001 tuvieron lugar ataques terroristas en EU: cuatro aeronaves comerciales de pasajeros fueron secuestradas, y tres de ellas fueron estrelladas, dos contra las Torres Gemelas en Nueva York, y una contra el Pentágono.
Los atentados se atribuyeron a una organización de militantes islámicos fundamentalistas llamada Al-Qaeda, dirigida y financiada
por el saudí Osama Bin Laden, con bases y campos de entrenamiento en Afganistán, gracias al apoyo del régimen talibán.
Estos actos cobardes, que cobraron miles de vidas, fueron condenados por la comunidad internacional, quien tomó conciencia
del peligro real que representa el terrorismo.
El Consejo de Seguridad de la ONU calificó estos actos como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, de acuerdo con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la guerra contra el terrorismo. La respuesta fue la participación del
ejército estadounidense en dos guerras abiertas, en Afganistán e Irak, y en operaciones encubiertas en un número significativo de países, como Filipinas o Uzbekistán.
Esta fecha es emblemática en el mundo y la historia de los derechos humanos, porque aparece como hito simbólico de una ruptura histórica. Se tocaba a la superpotencia estadounidense dentro de su territorio y de una manera humillante, provocadora, además de que se dibujaba en el entorno internacional el espectro de una amenaza apocalíptica y totalmente imprevisible.
Queda claro que estos ataques fueron crímenes contra la humanidad y actos de guerra. Sin embargo, esto no significa que los gobiernos en el combate contra el terrorismo no adopten medidas en la defensa de los derechos humanos.
La amenaza terrorista debe ser combatida y los Estados deben asegurarse que las medidas antiterroristas no violen los derechos humanos. México siempre se ha pronunciado por el no a la guerra.
En el caso de Irak, exigió el desarme y manifestó su intención por lograrlo, a través de métodos pacíficos. Esta posición contó con la abrumadora aprobación de la opinión pública en materia de política exterior.
Fue de las pocas posturas que mereció el consenso de la sociedad mexicana. México modificó en 1989 su Constitución para incluir como principios de su política exterior los de la Carta de las Naciones Unidas, a saber: la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los Estados y la lucha por la paz y la seguridad internacional.
Ayer como hoy, el Consejo de Seguridad de la ONU es la única autoridad internacional que puede autorizar el uso de la fuerza en forma legítima. Sin embargo, nuestro país en forma adecuada no solo no se abstuvo, sino que votó en contra de la invasión de Irak.
Hoy, Marcelo Ebrard Causabón, sigue defendiendo esos principios, evitando caer en posiciones indignas y violatorias de la Carta de las Naciones Unidas.
POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO
COLABORADOR
@EDUARDO84888581
MAAZ