COLUMNA INVITADA

Repensar el derecho a saber para una mayor utilidad social

Debemos repensar cómo lo hacemos incluyente, acercándolo más a todas las personas y lograr que mejore la calidad de vida

OPINIÓN

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Marina San Martín / Columna Invitada / Opinión El Heraldo de México

Hace 19 años que México cuenta con leyes de transparencia que garantizan a las personas su derecho a saber, lo que ha facilitado el ejercicio de otros derechos, y fortalecido la rendición de cuentas y participación ciudadana.

En el ámbito federal, entre 2003 y 2020, se presentaron 2 millones 220 mil 378 solicitudes de información. En el caso de la Ciudad de México, de 2005 al 2020, se realizaron un millón 391 mil 376.

A pesar de tener normas y organismos que protegen este derecho, y que los números demuestran su puesta en práctica; la ciudadanía aún desconoce su potencial, persisten las resistencias gubernamentales, y no se ha logrado que esté al alcance de todos los sectores sociales.

De acuerdo con la ENAID 2019 del INEGI, 54.8% de la población conocía o había escuchado de la existencia de una institución de gobierno que velara por el acceso a la información, y sólo 3.6% había realizado una solicitud.

De las personas que han pedido información, 27.6% manifestó no haberla obtenido. Del total de quiénes no recibieron lo requerido, el 78.8% manifestó que la información era inefectiva. El 69% de la población que no obtuvo lo deseado señaló no haber tomado ninguna medida para tratar de conseguirla; sólo 18.3% interpuso un recurso de revisión o queja, y 10% volvió a realizar la solicitud.

El escaso éxito en la obtención de información se debe, entre otras razones, a las respuestas emitidas por las entidades públicas. Por ejemplo, hacer su entrega incompleta o en formatos que no permiten su reutilización; remitir la solicitud a otra instancia por falta de delimitación de competencias; pedir al solicitante que aclare algo esperando que no conteste; o bien, ahora en tiempos de pandemia, postergando la transparencia al sujetarla a suspensiones de plazos.

A pesar de estas barreras, en el desarrollo del derecho a saber en nuestro país, la sociedad organizada, el sector académico y quienes se dedican a la labor periodística han sido defensores e impulsores clave para los avances alcanzados.

Gracias a la función que han jugado como traductores de la información pública -como los identifica Jacqueline Peschard- ha sido posible su análisis y comparación, haciéndola accesible y comprensible a la ciudadanía para un mejor aprovechamiento. Sin duda, su participación como interlocutores entre gobernantes y gobernados, y como socializadores que incentivan el debate, debe permanecer y fortalecerse, sin cortapisas.

El derecho a saber contribuye a la igualdad y al desarrollo de las sociedades. Quienes creemos en su utilidad social, debemos repensar cómo lo hacemos incluyente, acercándolo más a todas las personas; y cómo logramos que su impacto mejore la calidad de vida.

POR MARINA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA INFOCDMX
@NAVYSANMARTIN

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