En el sector farmacéutico hay asombro porque el presidente Andrés Manuel López Obrador aún no ha dado el manotazo para poner orden en uno de los expedientes más complejos en años: el de Pablo Escandón, de la empresa Nadro. Las investigaciones han corrido por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de Jana Palacios, pero la injerencia excesiva, y el control aparentemente monopólico de Escandón en el rubro de la distribución de medicamentos, es un pendiente que se tiene que resolver.
La historia se remonta a la fusión simulada entre las distribuidoras de medicamentos Nadro, propiedad de Pablo Escandón, y Marzam, una suministradora que había sido vendida por Rodrigo Herrera, de Genomma Lab, al fondo holandés Moench Cooperatief, donde —los Panama Papers revelarían después—, la esposa de Pablo Escandón era el brazo financiero.
Esto destapó las sospechas de la Cofece que inició investigaciones, porque en el fondo estaríamos ante una concentración de mercado de Nadro con Marzam, lo que debería ser sancionado.
No obstante, fuentes enteradas de la compleja trama afirman que Pablo Escandón decidió colaborar con la investigación para reducir o anular su castigo. La Cofece de Jana Palacios —que ya está haciendo las maletas para irse a vivir a Los Ángeles cuando termine su gestión en un par de meses—, habría aceptado dicha colaboración del empresario, quien se ha dedicado a embarrar a diestra y siniestra a personas del ramo de la distribución farmacéutica, varios de los cuales ya tienen varios años de ni siquiera estar en ese negocio.
Escandón estaría revelando supuestos temas de colusión en el mercado de distribución de medicamentos al sector privado, algo que al gobierno en teoría no le importa, pero que contamina la reputación de todos.
Lo grave de todo, señalan las fuentes, es que el supuesto brazo operador de Escandón —un abogado llamado Luis Doporto Alejandre, que ejecutó la fusión simulada y que fue multado por la Cofece por ese hecho con una multa mayor a 30 millones de pesos—, continúa activo. Es la persona que constituyó la empresa Latam Pharma para intermediar la venta de la vacuna contra COVID-19 de Cansino al gobierno de México.
En las siguientes semanas saldrá una nueva resolución de la Cofece contra varios empresarios del sector de distribución, como resultado de lo que Pablo Escandón reveló.
Habrá multas seguramente, pero serán mínimas. Pero eso no es lo que preocupa, sino que el gobierno de México continúa dejando la vía libre al dueño de Nadro, y que éste se da el lujo de embarrar a los demás, cuando su empresa fue la que se fusionó ilegalmente con Marzam.
En el sector farmacéutico se preguntan: ¿cuánto tiempo más el gobierno de AMLO le seguirá dando negocios a Escandón y permitiendo los esquemas operativos de Luis Doporto?
POR CARLOS MOTA
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