DESDE AFUERA

Daniel Ortega se acerca a Somoza

Primero fue Cristiana Chamorro; luego Arturo Cruz. El martes fueron Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro

OPINIÓN

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José Carreño Figueras / Desde Afuera / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

Primero fue Cristiana Chamorro; luego Arturo Cruz. El martes fueron Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

Uno a uno, los candidatos o aspirantes a presentarse como opción opositora en las elecciones presidenciales de Nicaragua son objeto de acciones judiciales y policiales que casualmente invalidan su posible participación en los comicios de noviembre.

Chamorro está acusada, entre otras cosas, de "gestión abusiva y falsedad ideológica" (¿?). 

Cruz debe responder por "provocación, proposición y conspiración en menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense" (¿?). 

Maradiaga, de "realizar actos que deterioran la independencia, la soberanía y la autodeterminación" (¿?). 

J.S. Chamorro, por "incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos", "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo"(¿?).

Y sobre todo, los cuatro son culpables del pecado capital de oponerse a Daniel Ortega. 

La verdad es que sólo parecen maniobras para mantener en el poder al presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Como norma, si alguien necesita recurrir a ese tipo de tretas, tiene miedo de perder el poder y más que peligro para un proyecto de país, lo ve para su proyecto personal.

Al menos a eso apunta el juego de inhabilitaciones políticas con disfraz jurídico.

Para Sergio Ramírez, que fue vicepresidente en el primer gobierno de Ortega, entre 1984 y 1990, tras el triunfo de la Revolución Sandinista, ahora lo acusa de querer mantenerse en el poder a toda costa y denunció recientemente en The New York Times lo que calificó como "plan maestro" con ese fin.

Ramírez recordó que desde 2018, el gobierno de Ortega enfrenta una rebelión cívica que ha sido reprimida con violencia, "con un saldo de unos 328 asesinados, principalmente jóvenes". Ahora, agregó, "toca el turno de actuar a la maquinaria política". 

Lo que se busca es "anular la participación de las fuerzas que representen un riesgo real de cambio político, apartar a los candidatos que verdaderamente sean un desafío para Ortega e impedir el derecho de la ciudadanía al voto libre y secreto".

Sin competencia, la reelección parece "democráticamente" asegurada, y con ella Ortega acumularía por sí solo más de 30 años en el poder, algo irónico si se considera que el régimen de la familia Somoza, que él combatió, duró en total 41 años, incluso casi siete de regímenes títere.

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, un exactivista de derechos humanos, señaló en días pasados lo que consideró como "acoso a la oposición" y "medidas antidemocráticas".

Su colega nicaragüense, Denis Moncada, respondió con una protesta "en nombre de la decencia, la soberanía, la no intromisión, no injerencia, y no interferencia". 

La decencia, sin embargo, hace rato que no parece estar del lado del gobierno de Ortega. 

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM 
@CARRENOJOSE1

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