Saldrá nuestra industria con ‘buenas intenciones’

En México, se sigue sin entender que las reformas a las leyes para detonar obras de infraestructura en tiempo y forma, hay que llevarlas a cabo previo a la realización de los proyectos

Saldrá nuestra industria con ‘buenas intenciones’
Manuel García García / Columna Invitada / Opinión El Heraldo de México

Indudablemente, el tema de infraestructura será noticia cotidiana en este sexenio, derivado de las políticas del actual gobierno. Los datos reflejan la “expropiación” de nuestra actividad… al realizarla el Ejército, siendo que ésta no es su función preponderante ni le corresponde a nuestras Fuerzas Armadas, según la Constitución.

Los empresarios a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) teníamos interlocución y representatividad en los sexenios pasados. Lo mucho o poco que nos queda, es que la Ley de Obras Públicas realmente se cumpla y se aplique en temas coyunturales como el reconocimiento de los sobrecostos no imputables a los contratistas
y se nos pague en tiempo y forma.

El 8 de abril, la Cámara de Diputados hizo reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Por lo que se observa, estas reformas son superficiales y no de fondo para transformar la infraestructura del país en clase mundial, como lo señaló la diputada Paola Tenorio Adame, de Morena. En México, se sigue sin entender que los cambios en las leyes para detonar obras de infraestructura en tiempo y forma hay que llevarlos a cabo previo a la realización de proyectos que los gobiernos anuncian con “bombo y platillo”.

Si se logra entender esto, sin duda, se evitarían desastres como el proyecto del Tren México–Toluca, que según el informe individual de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, ha registrado pérdidas de 18 mil millones de pesos.

El Tren Maya sufre de los mismos problemas de improvisación, lo que puede convertirse en un “elefante blanco”. Siguiendo con la lectura y comentarios en el proceso del dictamen de ley, observo que la diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena, mencionó que el Estado debe asegurar las mejores condiciones en precios, calidad, financiamiento y oportunidad de contratación a través de licitaciones públicas, para que éstas permitan la participación de las empresas pequeñas, medianas y grandes.

Esto que señala la diputada, sin duda, ha sido letra muerta durante muchos años. ¿A qué me refiero? A que cuando se habla de precio y calidad, esto no se logra, ya que siempre se otorgan las obras y proyectos a las propuestas económicamente más bajas. El financiamiento nunca se reconoce a los constructores por parte del gobierno, ya que, de hacerlo, el funcionario y dependencia señalaría al contratista como “irresponsable” al solicitar lo anterior, no obstante que la ley nos da el derecho de cobrar intereses.

Otro aspecto a comentar es el del diputado José Ricardo Delsol Estrada, de Morena, en el sentido de que la ley debe establecer la obligatoriedad del Estado en el fortalecimiento de la industria de la construcción. Es de aplaudirse lo señalado por el diputado, pero es triste ver que esto no sucede.

El diputado Rubén Cayetano García, de Morena, señaló la importancia de incorporar las mejores prácticas internacionales y avances tecnológicos para la contratación de la obra pública. Cabe destacar que para lograrlo hay que invertir; sin embargo, estos costos no son reconocidos por las dependencias y entidades, lo que implica no poder amortizar las inversiones que representan estos temas en nuestras empresas. Las únicas que lo logran por el gran apoyo que reciben de sus gobiernos, son las empresas extranjeras.

Y ya que hablamos de leyes y actividad empresarial, otra que está por iniciar su proceso legislativo es la propuesta a un nuevo procedimiento para multar a particulares.

  • Las sanciones pueden incluir hasta la “muerte jurídica” de la persona moral.
  • Todo particular que acuda al Poder Judicial a solicitar un recurso o un amparo puede ser investigado.
  • Se criminaliza el acceso a la justicia.

SÍNTESIS

En la Ley Orgánica del Poder Judicial se crea un nuevo procedimiento por responsabilidades administrativas de particulares, que es independiente y adicional a las vías administrativa, penal y fiscal, hoy vigentes. La autoridad que conocerá y los medios de defensa se establecerán mediante acuerdos generales que para el efecto dicten las autoridades del Poder Judicial. Para personas morales establece sanciones tales como la disolución.

CONTEXTO

Una de las iniciativas que analiza el dictamen es la enviada por el Ejecutivo federal, días posteriores a que hiciera pronunciamientos en contra de los jueces que otorgaron las suspensiones contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, a quienes acusó de responder a intereses particulares.

El Ejecutivo federal ha visto detenidas varias de sus acciones, derivado de resoluciones judiciales, por ejemplo, en el tema del límite de los sueldos a comisionados de los órganos autónomos, la entrada en vigor de acuerdos y leyes energéticas y en materia de hidrocarburos, y otros temas en materia de protección de datos personales.

En este escenario, el procedimiento por responsabilidades administrativas contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial puede ser considerado como criminalización a su derecho de defensa. Es decir, todo particular que acuda al Poder Judicial será investigado por faltas administrativas graves y no graves, buscando inhibir que se recurra a la defensa en contra de actos de autoridad.

MANUEL GARCÍA GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE SIMAS, CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA

manuel.garcia@simas.com.mx

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