Nuestro Instituto Nacional Electoral fue creado hace apenas 30 años y su evolución ha permitido garantizar credibilidad a las elecciones, pero sobre todo, procesos pacíficos de transición gubernamental; logro no menor en una democracia. Entre otras cosas, también dio certeza al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
Esta condición democrática ha sido un logro, sobre todo, de los ciudadanos, suficientemente maduros como para tolerar y aún respaldar la alternancia entre las fuerzas políticas gobernantes.
López Obrador fue un candidato implacable desde su posición opositora. Utilizó toda herramienta posible de la democracia para hacerse escuchar, desde protestas hasta la apertura en medios de comunicación, y un discurso que apelaba al resentimiento como motor de cambio social.
Pero una cosa es increpar al enojo ciudadano en el calor de una campaña política, otra muy diferente es llamar a la polarización e intolerancia desde el gobierno, algo que realiza sistemáticamente el presidente.
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Hoy, a tres años de que Morena haya tomado el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, las encuestas reflejan que los ciudadanos esta vez se inclinan más por la idea de establecer equilibrios de poder.
El capital político que parecía tener Morena hace un año o incluso seis meses, ha cambiado de manera drástica. Muchas elecciones en los estados lucen competidas y cerradas. Desde el gobierno son cada vez más frecuentes las expresiones de intolerancia, amenazas y presiones que buscan incidir en el proceso electoral.
El presidente no está dispuesto a promover la misma democracia que lo catapultó al poder. Atestiguamos señales de un Estado totalitario, cuya ley y moralidad no es la Constitución Política sino la propia voluntad -supuestamente infalible- de Andrés Manuel.
Desde ahora, él y sus adeptos acusan sin pruebas un fraude electoral. Una supuesta alianza entre el INE y las fuerzas políticas de oposición. Es absurdo. Ese tipo de alianzas se darían más bien entre una institución y el gobierno en turno.
Aquellos discursos que proponen la extinción de las instituciones responsables de brindar certeza electoral y equilibrios de poder fueron característicos de algunos de los periodos más lamentables en la vida democrática de muchos países en el siglo pasado y lo que va del presente.
Si bien 2018 representó un logro democrático para México, tres años después nos encontramos al margen de un retroceso. Junto al INE, también se amenaza la estabilidad de otras instituciones como el Banco de México, se estigmatiza a las organizaciones civiles, se copta al poder judicial, al legislativo, se persigue a los gobiernos estatales y no hay garantías para la libertad de expresión de periodistas y medios.
Es cierto, nuestra democracia es perfectible, pero nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Aún hay retos por delante, construir avances sociales toma tiempo, voluntad y mucho trabajo; en cambio, destruir y polarizar es mucho más sencillo e inmediato.
Lo más importante es que sigamos garantizando la paz de nuestras elecciones, que se respete al árbitro, se respeten las reglas y sobre todo, entendamos que más allá del Instituto Electoral, los dueños y guardianes de la democracia somos todos nosotros.
POR GEORGINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
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