COLUMNA INVITADA

Elecciones, crimen y violencia

En México, los grupos criminales tienen cada vez más capacidad para ejercer violencia contra actores políticos

OPINIÓN

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Guillermo Lerdo de Tejada / Columna Editorial / Opinión El Heraldo de México

En México, los grupos criminales tienen cada vez más capacidad para ejercer violencia contra actores políticos; al mismo tiempo, vemos la creciente infiltración directa de delincuentes en candidaturas y cargos de representación popular. Es un problema grave y sistemático, que amenaza las bases mínimas de la democracia y contribuye a la captura del Estado por parte del crimen.

El ejemplo más reciente fue el asesinato de Abel Murrieta, candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Sonora, la quinceava ciudad más violenta del país. El alto perfil de Murrieta, que también fue procurador del estado y abogado de la familia LeBaron, le dio al caso notoriedad nacional. Lamentablemente, no es una excepción. De acuerdo a DataInt, consultora especializada en seguridad, durante el actual proceso electoral se han registrado 76 asesinatos como resultado de la violencia política, que incluye a candidatos (38% del total); dirigentes y militantes de partidos (36%); autoridades electas (10%) e incluso a las familiares de los políticos (16%).

El análisis de DataInt revela que todos los principales partidos han tenido víctimas, con Morena (19), PRI (15) y PAN (12) encabezando la lista. Los estados con mayores casos son Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Estado de México y Guerrero. Además, la violencia política se concentra en el ámbito municipal, con el 84% de los asesinatos.

El asesinato es la expresión extrema de la violencia político-electoral, mediante la cual los grupos criminales buscan intimidar y corromper a candidatos y gobernantes. Su objetivo general es operar con impunidad, por supuesto, pero los delincuentes ya no sólo se conforman con la aquiescencia de las autoridades, sino que buscan influir o lucrar directamente del gobierno, por ejemplo, al imponer mandos policiacos que les brinden protección y confronten a sus rivales; o controlando contratos de obra pública para el lavado de dinero.

Al mismo tiempo, la captura del Estado se da también por otra vía más directa: cuando los criminales participan ellos mismos en los equipos de campaña y como aspirantes a cargos de elección. En abril pasado, por ejemplo, se dio a conocer que Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, está en la lista de los más buscados de la DEA, a quien esta agencia vincula con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Hace unos días se reveló también que Julián Cano Chan, candidato de Morena a la alcaldía de Chumayel, Yucatán, tiene un historial criminal en Estados Unidos por posesión y tráfico de drogas. Asimismo, la prensa ha documentado extensamente los presuntos vínculos con la delincuencia organizada de la familia política de los Salgado, que en Guerrero compiten ni más ni menos que por la gubernatura.

Esta infiltración directa del crimen en campañas y candidaturas puede deberse a que los dirigentes de los partidos lo permitan por corrupción, amedrentamiento o incluso por imperdonables descuidos sobre quiénes son sus candidatos. El resultado es el mismo: que delincuentes, o sus cómplices, lleguen a cargos de poder público.

Así, sea mediante la violencia contra candidatos legítimos, o a través de su sustitución con candidatos criminales, el estado mexicano pierde terreno de cara a la delincuencia en cada proceso electoral. La solución a este problema implica el trabajo conjunto de muchos actores (dirigentes partidistas, alcaldes, gobernadores), pero debe venir sobre todo del nivel más alto, del gobierno federal, el único con la inteligencia y capacidad operativa para prevenir y combatir la violencia político-electoral. Aquí tampoco cabe la política de abrazos. Si el Estado no actúa, pronto no quedará mucho más Estado qué defender.

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO CIUDADANO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUILLERMOLERDO

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