En poco más de dos meses, el 6 de junio, se realizará la jornada electoral más grande de la historia en México; se elegirán 20 mil 415 cargos, entre ellos, 15 gubernaturas.
Las campañas ya están en curso en Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Campeche —iniciaron en marzo— mientras que en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas comenzaron el 4 de abril.
En esta ocasión la renovación de las gubernaturas tendrá una novedad particular relacionada con la garantía de los derechos humanos de las mujeres, ya que por primera vez se implementará en la postulación de las candidaturas el principio de paridad de género. La inclusión de las mujeres en estos cargos era inaplazable y necesaria, pues se han enfrentado a una brecha de género y subrepresentación profunda y evidente.
Como muestra basta recordar que desde 1953, cuando se reconoció el derecho de voto a las mujeres, 351 personas han sido electas gobernadoras y sólo siete han sido mujeres, es decir, sólo el 2 por ciento. Además, no debemos olvidar que uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para acceder a estos cargos es que los partidos ni siquiera las postulan; de 2015 a 2020 de las 226 candidaturas registradas para gubernaturas, sólo 41 (18.14 por ciento) correspondieron a mujeres y 185 a hombres, e incluso en el proceso electoral de 2019 no se registró a una sola mujer para contender por los ejecutivos locales de Puebla y Baja California.
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Así, conscientes de ese panorama y de la necesidad de revertirlo, en el INE aprobamos un Acuerdo a través del cual establecimos que los partidos políticos debían postular al menos a siete mujeres en las 15 gubernaturas.
No obstante, el Acuerdo fue impugnado y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó a los partidos a postular a siete mujeres, un hecho sin precedentes que nos acerca a erradicar la subrepresentación de las mujeres en estos cargos.
Otra de las normas aplicables para el proceso electoral en curso deriva de la reforma político-electoral de 2014; con ella se determinó que si bien son los OPL (Organismos Públicos Locales)quienes organizan las elecciones locales en cada entidad y determinan la procedencia de las candidaturas a estos cargos, sería una atribución exclusiva del INE realizar la fiscalización, tanto de precampañas como de campañas, para todos los cargos de elección popular.
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral deberá revisar el origen y utilización de los recursos empleados por los partidos políticos o las personas postuladas con candidaturas independientes. Una acción que es un importante ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia hacia la ciudadanía, y que busca evitar que se utilicen recursos de procedencia ilícita o desconocida.
Con estas medidas buscamos conseguir que las y los candidatos a las gubernaturas puedan participar en una contienda con mayores condiciones de igualdad, equidad y con recursos legítimos, lo que en definitiva impacta de forma positiva en nuestra democracia.
POR DANIA RAVEL
CONSEJERA ELECTORAL
@DANIARAVEL
avh