La gran incógnita de esta elección es si Morena logrará obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Hoy, el partido en el poder tiene esa mayoría gracias a la sobrerrepresentación —más allá de 8% permitido por la ley— que ha tolerado el Instituto Nacional Electoral (INE) en la renovación de las curules de San Lázaro en las últimas elecciones.
En 2012 (en el marco del triunfo del priista Enrique Peña Nieto), la coalición PRI-PVEM obtuvo 40% de los votos y 48.2% de los escaños, rebasando en 0.2% el límite constitucional. Una diferencia mínima, pero la hubo.
En 2015 (la elección intermedia del sexenio peñista), otra coalición del PRI-Verde recibió 40.3% de los votos y 50% de los diputados, 9.7% más. El rebase del límite legal fue entonces de 1.7%.
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En 2018, la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES) logró 45.9% de los sufragios válidos pero se les asignó 61.6% de la Cámara, una sobrerrepresentación de 15.7%, superando en 7.7%, casi el doble de lo permitido, el límite constitucional.
El recoveco para saltarse la ley fue vía las coaliciones electorales (algunos consideran que el tope aplica únicamente a los partidos en lo individual y no a las coaliciones), junto con la postulación de candidatos ajenos.
Pero para estas elecciones del próximo 6 de junio, el INE ajustó criterios para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados: la afiliación efectiva (de acuerdo a los padrones de afiliados registrados al 21 de marzo pasado).
Tal resolución —dos semanas antes del inicio de las campañas— provocó la furia de los Morenos. El tema se fue al Tribunal Electoral. Y al grito de ¡todos contra el árbitro!, comenzó la catarata de descalificaciones contra el INE mientras el Presidente se alzaba desde Palacio Nacional como el gran vigilante de la contienda.
Bajo ese marco político, con la pandemia del COVID encima y el presidente López Obrador convertido en “vigilante” de la elección, llegamos a la recta final del proceso electoral más grande de la historia de México, en el que por vez primera vemos unir sus fuerzas al PRI y al PAN (más el PRD) con 219 candidaturas comunes; para enfrentar al partido en el poder: Morena y a sus aliados (PT y PVEM), en 183 de los 300 distritos.
Si a lo anterior le añadimos las confrontaciones que se han dado —y seguirán— dentro de los propios partidos por la designación de los pluris y el enojo de los que quedaron fuera del reparto; más los candidatos en problemas internos o de registro, nos esperan sin duda algunas sorpresas.
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GEMAS: Obsequio de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE: “No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una estrategia que ha asumido diversos emblemas y motivos a lo largo de los últimos años”.
Por MARTHA ANAYA
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