CLARABOYA

La identidad de la inseguridad

Recientemente el Senado de la República aprobó en lo general la iniciativa que busca generar un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil

OPINIÓN

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Azul Etcheverry / Claraboya / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

Recientemente el Senado de la República aprobó en lo general la iniciativa que busca generar un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. El dictamen avalado en la Cámara Baja a finales del año pasado propone como obligatorio el registro de las más de 120 millones de líneas móviles del país.

En ese sentido, más allá de registrar el número de teléfono, fecha y hora de activación de la línea, los operadores y titulares deberán registrar datos biométricos como la huella dactilar, el iris, el número de identificación oficial con foto y CURP. Todo ello, con la intención de combatir los diversos delitos donde se utilizan líneas de teléfono celular.

Si bien no se trata de un esfuerzo reciente, semejante al fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) de 2009, en el que el gobierno aspiraba a tener una sola base de clientes de telefonía móvil, ahora se tendrán bases de acuerdo con el proveedor del servicio, cuyo costo tendrá que ser absorbido por éste y probablemente por el usuario final.

En sí, esta modificación en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión busca incrementar la colaboración de las compañías de telefonía móvil con autoridades de seguridad y justicia que generen y almacenen registros biométricos de estos más de 120 millones de usuarios. Se trata de una iniciativa compleja que puede representar más problemas de los que puede resolver. En principio, expone a cualquier usuario al mal uso de su información, desde que se recaba hasta su resguardo.

Por otra parte, es poco probable que esta medida incida determinantemente en la reducción del delito cuando hoy en día quien se lo propone puede obtener números y nombres de manera clandestina sin mucha dificultad. La gente que delinque utilizando estas herramientas seguirán encontrando los mecanismos técnicos y estructurales para acceder a información y recursos de la población.

Actualmente no existe una infraestructura suficiente que garantice la seguridad de la información que se recaba, con lo que la creación de estas bases prácticamente facilita los procesos de la ciberdelincuencia en lugar de aminorarlos. Otra condición compleja que contemplan los cambios a la ley es la obligatoriedad que las compañías y usuarios tienen de recabar esta información a expensas de que se le cancele la línea al usuario que no acceda. No se está considerando tampoco el costo que representaría obtener esta montaña de datos, cuando la mayoría de los usuarios de telefonía móvil no cuentan con planes de renta ni equipos con la tecnología para obtener los datos biométricos.

Me parece importante que se apueste por incentivar los procesos que lleven a la creación de una identidad única, con verdaderos cimientos de viabilidad y seguridad que faciliten la identificación de casos de extorsión, robo y falsificación. No obstante, este reto se vuelve mayúsculo si pensamos en la incapacidad gubernamental de estandarizar registros poblacionales adecuados.

Las bases ya existentes del SAT, SEGOB, SRE, entre otras se traducen en esfuerzos independientes de alcance limitado. Insisto, no estoy en contra de que exista un solo registro de identidad bien protegida que incluso pueda contener datos biométricos de la población, creo que el futuro va encaminado a ello, pero tal vez el mayor problema de esta disposición de las bases de datos específicos es que nunca se han podido recabar, unificar ni proteger por tratarse de un tema complejo y muy costoso.

Estamos hablando de la seguridad de las personas, la comisión del delito, la certeza jurídica y la protección de identidad y datos personales de todos los mexicanos. Sin duda, se trata de un tema complejo que merece toda la cautela política.

POR AZUL ETCHEVERRY
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@AZULETCHEVERRY

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