Actualmente la relación entre los tres poderes de la unión vive tiempos complejos y un tanto inusitados. Mientras que vemos como en el poder legislativo se aprueban por designio casi divino las propuestas del ejecutivo, el judicial se ha encargado de distinguir, conforme lo dicta la Constitución, la legalidad de las iniciativas de reforma y otras intenciones que se presentan.
Es en ese sentido que, actualmente el presidente irresponsablemente acusa de “traición a la patria” a los abogados y jueces que favorecen los juicios de amparo a favor de empresas que se oponen a la modificación de la Ley de la Industria Eléctrica, además de solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que revise la labor de dichos jueces que dictaron suspensiones a esta ley.
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Al respecto, es preciso distinguir que el presidente no está contemplando los alcances, los fundamentos jurídicos ni el actuar ético que exige la labor legal de aquellos que genuinamente buscan, con la carta magna como sustento, preservar los derechos y obligaciones de los ciudadanos y otros entes jurídicos. Para él no hay distinción, todo está corrompido y por ende debe desaparecer.
Así es como decididamente extralimita sus competencias al solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia que ordene a la Judicatura Federal a que realice dicha investigación, cuando en realidad este Consejo no tiene la capacidad de revocar los fallos a favor de las empresas inversionistas, sino el Tribunal Colegiado o en una última instancia la Suprema Corte si decidiera atraer el caso y resolverlo en el momento que así convenga.
Ante la negativa de las instancias judiciales de entretener la idea de los ataques a las empresas afectadas por las modificaciones a dicha ley, desde la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de Morena que modificaría la Ley de Amparo que imposibilitaría buscar este recurso ante las decisiones de las empresas del Estado, con lo que se afectaría decididamente la libre competencia.
Sin lugar a duda, esta decisión estaría quitándole facultades de defensa a inversionistas nacionales e internacionales en este caso y en próximos, no sólo en materia eléctrica o energética sino en todas las empresas reguladas por el gobierno, a discrecionalidad del presidente y sus propios intereses. Se trata de una iniciativa retrógrada que desvirtúa la búsqueda equitativa de derechos humanos, además de que estas modificaciones afectan tratados internacionales que México tiene suscritos en virtud de inversiones que se realizaron en nuestro país bajo regulaciones específicas vigentes y aceptadas en el momento de la firma de contratos.
Este nacionalismo tan arraigado de protección a las prácticas monopólicas que el presidente y sus legisladores buscan imponer va en contradicho de la apertura global de las naciones que naturalmente han ido permeando en sus sistemas legislativos democráticos, redefiniendo la forma en que se conciben las inversiones y se favorece la competencia, para finalmente, beneficiar al consumidor final.
No sólo se trata de un tema de costos sino de homologar esfuerzos internacionales en la búsqueda de sociedades más saludables y sustentables a través del cuidado activo del medio ambiente. Evidentemente se trata de aspiraciones a las que todo gobierno debe enfocarse sin importar intereses ideológicos o partidos políticos, si es que genuinamente se desean convertir en verdaderos servidores públicos.
POR AZUL ETCHEVERRY
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