El pasado 8 de abril, Biden anunció una serie de medidas para tratar de reducir las muertes violentas en su país. Según el presidente de Estados Unidos los asesinatos, masacres y suicidios con armas de fuego han alcanzado el nivel de una epidemia que tiene que detenerse. Dijo que se necesitan acciones y no más oraciones. Las medidas anunciadas son limitadas, como endurecer la venta de las herramientas para fabricar “armas caseras” que, al carecer de registro, son muy difíciles de rastrear. Asimismo, pidió al Departamento de Justicia que elabore un modelo de legislación para los estados que permita a la policía, o a los familiares, solicitar una orden judicial que prohíba temporalmente el acceso a las armas de fuego a personas en crisis. Asimismo, pidió al mismo Departamento de Justicia que elabore un diagnóstico sobre el tráfico ilícito de armas en su país. Por último, ordenó un incremento al financiamiento de iniciativas destinadas a reducir la violencia urbana en Estados Unidos, de 5.000 millones de dólares para los próximos ocho años.
Entre las medidas anunciadas no estuvo, desafortunadamente, la prohibición de las armas de asalto, o la venta de armas por internet, que requieren que el Congreso apruebe enmiendas a las leyes en vigor. Biden quiere renovar el embargo de las armas de asalto que estuvo vigente en Estados Unidos entre 1995 y 2005. Como su denominación lo indica, no son armas defensivas. Son armas exclusivamente para atacar y matar a seres humanos, comparables en poder de fuego a las armas que utilizan los militares. El principal obstáculo para que retorne esa prohibición en Estados Unidos es la cerrada oposición de la Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association NRA), uno de los grupos de presión más poderosos que existen en nuestro vecino del norte que, amparada en la segunda enmienda a la Constitución, aprobada en 1791, garantiza el derecho de los ciudadanos a poseer armas, y se opone a cualquier medida de control y venta de armas, aún las de carácter muy limitado, como las anunciadas por Biden.
Esa oposición se manifiesta hoy en la oposición republicana en el Senado a leyes que pretendan introducir cualquier tipo de control a la venta de armas de asalto. A la NRA no la conmueve el hecho de que cada año mueran con violencia en Estados Unidos alrededor de 40 mil personas, mediante el uso de un arma de fuego. Tampoco la han conmovido las masacres que se han repetido todos los años desde hace varios lustros, en áreas públicas y escuelas secundarias, como las ocurridas en Atlanta, Georgia, el 16 de marzo, en que fallecieron ocho personas, o la de Boulder, Colorado, el 24 de marzo, en que otras diez personas perdieron la vida. La NRA y los opositores a cualquier control en la venta de todo tipo de armas saben que, de hecho, como resultado de la polarización que se registró durante la campana electoral, y el clima de inseguridad que se extendió entre grandes sectores de la población, las ventas de armas se incrementaron significativamente en Estados Unidos en 2020.
México padece una epidemia de violencia y muertes violentas desde que el Congreso de Estados Unidos no renovó la prohibición de las armas de asalto en 2005. A partir de entonces las organizaciones criminales tuvieron acceso a un armamento superior al de todos los cuerpos de policía del país. Pero la epidemia se ha agravado en los últimos cinco años. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2015 se registraron 10546 asesinatos con armas de fuego. En 2020, fueron 24402 víctimas. Es decir, un incremento de casi 150%.
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Es muy positivo que el Presidente López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrard hayan dado la bienvenida a las medidas anunciadas por Biden. Aunque sean modestas, pueden ser solo el inicio de acciones más contundentes en el Congreso. Biden necesita generar apoyo político para su campana de prohibición de las armas de asalto y tiene un adversario muy poderoso. Pero los dos países pueden estrechar su cooperación bilateral para combater el tráfico transfronterizo de armas. Quizá sea el momento de juntar nuevamente a los expertos de los dos gobiernos para hacer un diagnóstico conjunto sobre las dimensiones reales de ese tráfico ilícito, y proponer nuevas medidas de cooperación que sean prácticas, viables y mutuamente convenientes.
También hay que promover más cooperación regional e internacional, como lo ha hecho el ultimo año la SRE. Muchas de las armas que son decomisadas en México a las organizaciones criminales fueron producidas en naciones europeas, asiáticas y latinoamericanas, exportadas legalmente a Estados Unidos, pero introducidas ilegalmente en nuestro país. Esas naciones deben cooperar más para reducir el tráfico ilícito de armas. La Convención Interamericana Contra el Tráfico Ilícito de Armas (CIFTA), aprobada en la OEA en 1997 por iniciativa de México, ofrece una base adecuada para esa cooperación regional. A nivel internacional, el Tratado sobre Comercio de Armas, aprobado por las Naciones Unidas en 2014, también ofrece una plataforma suficiente para promover más y mejor cooperación internacional. México y Estados Unidos compartimos el mismo interés. Es momento de unir esfuerzos y combatir con todo esta otra epidemia.
POR MIGUEL RUÍZ CABAÑAS IZQUIERDO
DIRECTOR DE LA INICIATIVA DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN EL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
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