El pasado 17 de marzo, el Jefe del Comando Norte de Estados Unidos, General Glen Van Herk, hizo una declaración muy preocupante ante el Comité de Servicios del Senado de su país. “Entre 30 y 35 por ciento del territorio mexicano son áreas ingobernables, controladas por el crimen organizado”, lo que es la causa principal de los problemas de inseguridad en la frontera con México.
Y dijo más “Creo que [resolver esa situación] es un imperativo de seguridad nacional…porque crea vulnerabilidades y oportunidades para actores alrededor.”
Esos actores podrían intentar desestabilizar a México para obligar a Estados Unidos a desviar más recursos a su frontera sur. Van Herk subrayó que entre militares de los dos países existía una cooperación muy robusta, y que sus colegas mexicanos enfrentaban enormes desafíos. Al día siguiente, el Presidente López Obrador reaccionó a la defensiva.
“No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos. Nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear con Estados Unidos.”
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Las declaraciones de Van Herk se añaden a una larguísima lista de juicios de funcionarios estadounidenses sobre el problema del narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país desde que, el 21 de septiembre de 1969, hace más de cincuenta años, el Presidente Richard Nixon anunciara la infame “Operación Intercepción” en la frontera común, que duró hasta el 11 de octubre de ese año, causando enormes daños a la economía de las comunidades fronterizas de ambos países.
Esa Operación fue parte de las estrategias estadounidenses para obligar a México a cooperar más en la eliminación del flujo de
drogas transfronterizo.
Desde entonces, con ayuda de Estados Unidos, o sin ella, México ha puesto en práctica múltiples programas para tratar de responder a las exigencias de su vecino.
Pero cinco décadas después, el fracaso es muy evidente: hoy tenemos más producción, tráfico y consumo de drogas. Esas y otras actividades delincuenciales están controladas por organizaciones criminales más empoderadas que nunca, con acceso a recursos financieros y armamento pesado con el que son capaces de esparcir cada vez más violencia y corrupción en México y, en menor medida, en Estados Unidos.
Sucesivos gobiernos mexicanos se han visto obligados a reaccionar con urgencia, mediante la aplicación de la fuerza combinada de policías y militares, lo que lamentablemente también ha provocado violaciones de derechos humanos. A pesar de todos los esfuerzos, hoy la confianza mutua, indispensable para una cooperación bilateral mínimamente eficaz, brilla por su ausencia.
Los dos países han tenido fracasos y mantienen enormes fallas en cómo enfrentar este enorme desafío común. México ha tenido siempre, a lo largo de su historia, una relación complicada, por decirlo suavemente, con el combate a la delincuencia, la aplicación
efectiva de la ley, con el acceso expedito a la justicia y la consolidación del estado de derecho. La debilidad institucional está en la raíz de la corrupción endémica que padecemos, y de la exclusión de amplios sectores de la población de los beneficios del desarrollo.
Entre nosotros la promoción de la justicia e instituciones sólidas presenta todavía un enorme déficit. Estados Unidos también adolece de problemas de corrupción y acceso a la justicia.
Pero también es evidente su responsabilidad en el origen y desarrollo de este formidable desafío común. A principios de 1983, la Administración Reagan tomó la decisión de “sellar” la península de Florida, para evitar el tráfico de cocaína procedente de
Sudamérica por el mar Caribe.
Esa estrategia no alcanzó todo el éxito esperado, por lo que diez años después, a mediados de los noventa, la Administración Clinton optó por bloquear la salida de embarcaciones sospechosas de los puertos de Colombia. En ambas decisiones, el gobierno estadounidense estaba consciente de que se produciría un desvío masivo de la cocaína hacia Centroamérica y hacia México, como efectivamente ocurrió.
En su legítimo afán de proteger su propio territorio, prefirió ignorar el desastre que causarían a sus vecinos. Recuerdo los desencuentros con funcionarios de Estados Unidos en esos años. Nos acusaban:
“El 80 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos es a través del territorio mexicano”. “Claro!, si ustedes la desviaron hacia nuestro territorio” solíamos responder. En febrero de 2015, el propio Clinton se disculpó públicamente con México.
Al dirigir unas palabras a un grupo de estudiantes, empresarios y funcionarios mexicanos Clinton afirmó: “Quisiera que ustedes no tuvieran el problema del narcotráfico, pero no es realmente su culpa…tuvimos mucho éxito en desviar el tráfico hacia México y Centroamérica…”. Mientras tanto, la demanda de drogas nunca se detuvo.
Seamos sinceros: hasta hoy ni Estados Unidos ni México han tratado de aplicar programas efectivos de reducción de la demanda de drogas. Hoy nuestro vecino del norte está padeciendo una gravísima crisis por el consumo de fentanilo que está causando más
de sesenta mil muertes al año. Ese también es un desafío bilateral.
Para colmo de males, en 2005 la Administración Bush no pidió al Congreso renovar la prohibición de la venta de armas de asalto, las favoritas de las bandas del crimen organizado.
La elevación de la tasa de homicidios violentos en nuestro país a partir de 2006 es una consecuencia directa de esa decisión. Es muy alentador que Biden busca restablecer la prohibición de ese tipo de armas. Pero, después de cientos de miles de vidas perdidas, sobre todo de jóvenes entre quince y treintaicinco años, la situación continúa igual, incluso se está agravando. No existen estrategias obvias ni respuestas fáciles.
Cincuenta años de experiencias negativas nos demuestran que los enfoques unilaterales, o de “sálvese quien pueda”, no solo no resuelven nada, sino que tienden a agravar los desafíos que representa el crimen organizado. Ignorar su existencia tampoco.
Urge un nuevo y amplio diálogo bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, narcotráfico y crimen organizado. El inicio de la Administración Biden debiera ser la oportunidad para construirlo. Los gobiernos deberían asesorarse de los mejores expertos, estableciendo una Comisión Binacional para identificar áreas de consenso y cooperación.
No podemos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo México se convierte gradualmente en escenario de guerra.
POR MIGUEL RUÍZ CABAÑAS IZQUIERDO
DIRECTOR DE LA INICIATIVA DE OBJETICOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN EL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
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