Lo que trascendió ayer en diferentes medios de comunicación en relación con un supuesto acuerdo entre el gobierno y la iniciativa privada sobre el tema del outsourcing no es oficial, ni concluyente, y es puramente una especulación, me dijo una persona que dirige una de las diez empresas de subcontratación más grandes del país. “No hay acuerdo final ni oficial sobre el PTU (la Participación de los Trabajadores en la Utilidad); nada hay oficialmente”, subrayó.
Ayer trascendió que, supuestamente, una propuesta lanzada por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, habría sido consensuada y arrojaría un acuerdo para que la PTU tenga un límite equivalente a tres meses del salario del trabajador. Incluso el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, mencionó el tema en su cuenta de Twitter.
Pero, el gobierno no ha cedido en su idea de disminuir al mínimo posible la legalidad de la práctica del outsourcing para dejarlo únicamente en actividades especializadas “y con acotaciones; pero, aún no hay texto final”, revela mi fuente, que añade: “en medio de la crisis que estamos viviendo es momento de fomentar el empleo formal, no sobrerregulación y menos prohibición. Hay que hacer que la ley vigente se cumpla”.
El problema para el gobierno es que ya pasaron más de tres meses desde que lanzó la iniciativa dinamita para acabar con el outsourcing, generando una oleada de rechazo por parte del sector empresarial porque su eliminación reduciría notablemente el empleo formal, sobre todo, en las pymes. Además, el gobierno lanzó ocho denuncias contra uno de los más grandes empresarios del sector, Raúl Beyruti, de quien el Servicio de Administración Tributaria, de Raquel Buenrostro, y la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, presumen que lavó dinero. El empresario, sin embargo, no ha sido detenido.
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De manera que al gobierno se le empantanó el tema: no se ha aprobado la iniciativa, no se ha detenido al presunto mayor perseguido del tema y no hay acuerdo con la iniciativa privada.
CANADIAN PACIFIC
El anuncio por el que Canadian Pacific Railway, que dirige Keith Creel, compró a Kansas City Southern, valorándola en Dlls. $29 mil millones, es un espaldarazo de Canadá a la implantación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debería aprovechar su visibilidad. Los puertos de Altamira, Lázaro Cárdenas y Veracruz quedarán integrados a una enorme red de 20 mil millas, con 20 mil empleados y ventas anuales de Dlls. $8 mil 700 millones.
En México Kansas es dirigida por Óscar Augusto del Cueto Cuevas.
CITIBANAMEX
El banco que encabeza Manuel Romo alcanzó el millón de clientes de su segmento “Priority”, en menos de dos años. A ese sector ofrece en exclusiva fondos de inversión de BlackRock.
Por CARLOS MOTA
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