Desde hace varios años, he publicado en El Heraldo de México múltiples análisis sobre las necesidades materiales de las Fuerzas Armadas (FFAA) mexicanas. Desde luego, dichas urgencias han desbordado la intención política y financiera de sucesivas, que en algunos casos han intentado establecer planes de inversión a largo plazo o transexenales para dotar del equipo y la tecnología que faciliten sus labores. No ha sido suficiente; las FFAA mexicanas están reducidas en personal y material de una tercera a cuarta parte de las necesidades del país. Más preocupante aún, están siendo convertidas en una especie de órgano subsidiario y operativo de los programas de infraestructura, seguridad pública y desarrollo social de la actual administración, que lejos de entender su razón de ser, la ocupa para la implementación de sus políticas.
Las Fuerzas Armadas jamás se van a quejar en público, ni harán espectáculos, huelgas o mucho menos golpes de Estado. Se quejarán en silencio, tal vez con inacciones aisladas, pero se adaptarán a la realidad política que sirven. Aguantarán remates de aviones y helicópteros como el que se llevará a cabo el 12 de marzo, cuando se planea recaudar 500 millones de pesos por un lote de 19 aeronaves.
El conjunto incluye algunas aeronaves antiguas, pero también helicópteros adquiridos para la Presidencia en sexenios anteriores, cuatro AgustaWestland AW109SP –comprados en 2013– que están valuados, según su póliza de seguro, en $8.2 mdd cada uno, y dos Eurocopter EC225LP adquiridos en 2008 (no en 1986, como indica el comunicado del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado) y valuados cada uno en $27.5 mdd. Esos son 1,600 mdp del Estado que se van a rematar por un berrinche… perdón, por un mensaje político.
No es difícil imaginar las consecuencias en el corto plazo. Las hemos visto en otros países: aviones y helicópteros en tierra, buques sin capacidad de navegación, vehículos terrestres canibalizados, cuentas faltantes, proveedores morosos, sistemas contables con mucha imaginación, y eventualmente… Corrupción.
Te podría interesar
El antirremedio es encargar a las FFAA de recaudar ingresos, ya sea administrando puertos y aeropuertos, compañías paraestatales (de petróleo, gas, o energía eléctrica), produciendo bienes comerciales, concesionando la explotación de recursos naturales o rematando sus bienes raíces, todo para subsidiarse, aunque sea parcialmente. Esto lo han intentado en los países del nuevo orden socialista latinoamericano: Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay, y en todos los casos con consecuencias nefastas. Son medidas muy peligrosas que llevan invariablemente a una pérdida para el Estado y, posiblemente, a una ruptura en el contrato político-militar.
Más allá de las necesidades materiales, las FFAA en estos momentos de austeridad republicana pueden enfocarse en recuperar ciertos intangibles que han sido descuidados: no deben perder los grandes avances en cuanto a doctrina conjunta tan fluida que habían desarrollado ya Sedena y Semar, y desde luego, los lazos de confianza mutua y canales de comunicación que habían establecido con sus principales vecinos y aliados, especialmente con EU, pero también con Colombia, Perú y Chile.
POR ÍÑIGO GUEVARA MOYANO
DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA JANE'S EN WASHINGTON, DC
ORBE@ELHERALDODEMEXICO.COM
jram