A 10 años del inicio de la privatización del sistema penitenciario en nuestro país, el tema volvió a subir a la agenda pública.
El esquema de “asociación pública-privada” creado en 2010, implicó que a seis consorcios empresariales se les asignara la construcción y administración de ocho nuevos penales; las instituciones públicas sólo conservaron los servicios de seguridad. Así fue que de 10 centros penitenciaros federales, pasamos a tener 18.
El proyecto se justificó de diversas maneras: se dijo que el sector privado tenía más recursos para brindar mejores condiciones a los reclusos; que podía lograrse su reinserción con menores costos... que así se liberaría al Estado de una pesada carga económica.
Sin embargo, las cosas no resultaron así.
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Ya en su edición 2012 del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, la CNDH advirtió que los penales privados no habían disminuido para nada los costos al Estado.
En ese entonces, el gasto diario en una cárcel privada, por recluso, estaba por encima de los mil 500 pesos, mientras que en los ‘Ceferesos’ públicos rondaba los 390 pesos, y en los penales estatales era de sólo 150 pesos, en promedio.
¿Y qué tal las condiciones de los reclusos y su posibilidad de reinserción social?
En 2016, a seis años del inicio del esquema, desde México Evalúa, junto con otras seis organizaciones, publicamos el estudio Privatización del Sistema Penitenciario en México.
En él descubrimos que los penales privados habían reproducido los mismos problemas que los públicos: autogobierno, tráfico de drogas, prostitución, tratos crueles y degradantes, entre otras prácticas.
Peor aún: encontramos que los penales privados se habían construido en lugares de difícil acceso, lo que había aumentado los costos para las familias de los reclusos quienes, en muchos casos, ya no podían ir a visitarlos. Comprobamos que los servicios médicos eran aún más deficientes, y que en estos centros se hacía mayor uso del aislamiento solitario prolongado. Todo esto tiene un efecto muy negativo en el proceso de reinserción de los internos.
En el estudio concluimos que la planeación, desde el punto de vista puramente penitenciario, fue pésima: en lugar de tener un enfoque de reinserción social, se privilegió la prisión como única respuesta y se decidió construir más y más cárceles, cada vez más y más grandes.
Hoy, resulta preocupante la manera en que todavía funcionan las cárceles privadas. Lejos de representar un ahorro para el Estado han generado más costos para el erario, sin que ello se haya traducido en mejores condiciones para los internos. La solución no se reduce a la construcción de más cárceles. El camino, sin duda, es mejorar la operación del sistema de justicia penal.
POR MARA GÓMEZ
COLABORADORA
@DOCTORAMARAGO
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