Irregularidades en el gasto por más de 67 mil 498 millones de pesos, tan solo durante el 2019, es lo que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) documentó en su Informe General Ejecutivo acerca del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública de ese año.
De esos, 28 mil 730 pesos son imputables a las gestiones gubernamentales de los estados, municipios, y poderes legislativo y judicial, pero el resto entra en la esfera del ejecutivo federal de la 4T.
Las irregularidades van desde los sobrecostos por la cancelación del AICM de Texcoco hasta los muertos cobrando como vivos en los programas de pensiones para adultos mayores. Por cuanto a lo primero, la desviación sobrepasa los 331 mil millones de pesos, esto es, ha resultado equivalente al 1.3% del PIB. Tirar el dinero del país a la basura (o destinado a abultar los bolsillos de no sabemos quién), y en el proceso destruir una obra aeroportuaria que podía haber hecho una diferencia para bien. Lo segundo asciende a casi 993 millones de pesos que se distribuyeron irregularmente a través del recién creado Banco del Bienestar.
Pero las observaciones continúan:
Inconsistencias por un monto de 263 millones de pesos en el programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’. En su primer año de operaciones, el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) causó un posible daño al erario por 3 mil 396 millones de pesos. En otro de los proyectos estrella de la actual administración federal, Dos Bocas, las irregularidades son del orden de los 73.4 millones de pesos, y eso únicamente por lo que respecta al contrato realizado para preparar el terreno donde se asentará la próxima refinería. Y en el caso del Tren Maya, las irregularidades no solo implican dinero (la nada despreciable cantidad de 156 millones de pesos), sino también el que se iniciaron las obras del ferrocarril por parte de FONATUR sin contar primero con los estudios tanto de impacto ambiental como económico correspondientes.
En todos los rubros de gobierno y en todos sus programas hubo irregularidades, y eso que estas se dieron en el 2019, año en que la 4T apenas se inauguraba. Así que aquello de que la corrupción se terminaría tan pronto López Obrador llegara al poder, no ocurrió; si acaso se ha incrementado desde entonces.
Las cuentas entregadas por la ASF muestran que el billón de pesos cacareado por Andrés Manuel como ahorro producto de la austeridad de su gobierno es en definitiva una simulación. Y es que, aunque hubiera existido, un billón ahorrado contra 64 birlados de las arcas nacionales hacen de lo ganado algo francamente irrisorio.
AMLO prometió que en su administración no se permitiría la corrupción, por lo que, dado que estas cuentas son del 2019, ¿hará algo al respecto ahora en el 2021? Todo parece indicar que no. Por lo pronto ya escuchamos ayer la tarabilla de que se trata de una campaña orquestada contra él, donde “la ASF le hace el caldo gordo a los opositores al régimen”.
Lo que también nos imaginábamos, pero ha quedado confirmado, es que la Secretaría de la Función Pública, comandada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, se resistía a la fiscalización. Al grado que, de acuerdo a la ASF, la secretaria le impidió el acceso a sus instalaciones y archivos. Ante dicha acusación fundada, la funcionaria ya aceptó colaborar, a partir de ahora, con los funcionarios del órgano fiscalizador. Adicionalmente, la auditoría a la cuenta pública indica que la SFP solo aplicó —y de manera discrecional— 92 investigaciones a la evolución patrimonial de los servidores públicos, cuando que se presentaron un total que supera las 1,500 declaraciones patrimoniales.
Mientras Andrés Manuel se queja de las empresas extranjeras por haber actuado en México como viles conquistadores a lo largo de la historia, obvia el saqueo que ha perpetrado la 4T. Este le gana, y con creces, a cualquiera que se haya dado en la época de la Colonia pues, por si fuera poco, hacerlo hoy en día es ilegal.
Tristemente, con las cuentas entregadas (más el desabasto de medicinas, la pésima estrategia para enfrentar el covid, revitalizar la economía y un largo etcétera) se puede decir que México es territorio de Morena, tierra de robos. Y no, no es una frase hueca, es la trágica realidad que enfrentamos como país.
López Obrador se queja de la conquista de hace 500 años, exige y clama para que España e iglesia católica pidan disculpas a México por lo sucedido hace 5 centurias (cosa que ya hicieron ambos, por cierto, hace unos años), pero ante el despojo realizado por la ‘cuatroté’ guarda ominoso silencioso.
Es más, presenta su trillada excusa y culpa a la propia ASF y a la oposición de volver en un supuesto complot en su contra lo que es un pillaje contante y rampante de su administración.
La ASF ha puesto el dedo en la llaga. Ha señalado, conforme a las cuentas, números y datos entregados por las diversas instancias y poderes del propio gobierno, un hoyo superior a los 39 billones de pesos en el 2019.
Aunque todavía no inicia la auditoría para el 2020, se puede prever que la cifra sujeta a observaciones será mayor. Ello en razón del incremento que ha habido en contratos sin licitación que se han gestionando en la actual administración pública federal.
Es evidente que la tan cacareada honestidad de Andrés Manuel poco sirvió para que el gobierno de la 4T se conduzca de esa forma. Las irregularidades cometidas superan con creces a gobiernos pasados, si bien —es cierto— no es competencia, ni hay corrupción suficientemente pequeña para dejar de denunciar a unos u otros.
Esperemos, ahora, que no salga Ricardo Monreal o algún otro legislador del grupo parlamentario de Morena con la iniciativa para desaparecer la ASF o restarle autonomía (que, para el caso, tendría el mismo efecto).
Sí, México dejó de ser “tierra de conquista” (como recientemente dijo el presidente AMLO). Pero solo para pasar a ser tierra de robo por parte de la 4T. Hoy el país sufre al gobierno más corrupto, a lo que López Obrador solo responde con un: “la ASF exagera; yo tengo otros datos”.
POR VERÓNICA MALO
jram