Con la ascensión de Donald Trump a la presidencia estadounidense inició la era de la posverdad. Las noticias falsas pululan en redes y fuera de ellas. El Presidente califica así a las notas periodísticas que no se acoplan a su narrativa o se alejan de la percepción que él tiene de la realidad. Mientras que la consultora SPIN ha contabilizado que en las 540 conferencias matutinas, entre el 3 de diciembre de 2018 y el 22 de enero de 2021, Andrés Manuel López Obrador ha dicho 44 mil 428 afirmaciones que no son verdaderas o que no se pueden corroborar.
Sin embargo, el titular del Ejecutivo todavía no le perdona a Twitter que hayan cancelado la cuenta de su amigo y role model, Donald Trump, al incitar la insurrección que derivó en la toma del Capitolio. A primera instancia, la medida podría parecer antilibertaria, un acto de censura. Pero en realidad es la iniciativa de un particular que puede decidir sobre el tipo de contenidos que son publicados en sus redes. El combate a las noticias falsas es global, pero también es riesgoso. En Estados Unidos, Trump fue desprovisto de sus redes sociales; mientras que en China, el gobierno controla los contenidos en línea con un sistema que llaman el “Escudo de Oro” que bloquea decenas de miles de portales que contradicen la narrativa del Partido Comunista e incluye Facebook, Twitter y Youtube.
Defender la libertad de expresión en redes plantea un reto monumental. Twitter por ejemplo, ha privilegiado la libertad de expresión de sus usuarios desafiando resoluciones del Departamento de Estado. En 2016, el entonces presidente Barack Obama firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional que permite contrarrestar propaganda por parte de gobiernos extranjeros y operaciones de desinformación, como la orquestada por Vladimir Putin para favorecer a Trump en las elecciones de 2016.
En México, el senador Ricardo Monreal ha presentado una iniciativa para regular las redes sociales. La iniciativa otorga facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para otorgar permisos de operación a las redes sociales. La propuesta es inviable ya que sobrepasa las facultades constitucionales del IFT y muestra el talante represor de las autoridades que no imaginan el disenso en un espacio en el que se creían caciques.
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La propuesta legislativa preocupa aún más porque no se da en el vacío, sino en medio de la práctica cotidiana del presidente López Obrador de desprestigiar a medios de comunicación incómodos o críticos. En sus conferencias matutinas se fustiga a periodistas y medios disidentes como no había ocurrido desde el advenimiento del pluralismo, a mediados de los 90.
Si las democracias liberales se sostienen por el precepto de que todos los seres humanos tienen el derecho a decir y escribir lo que quieran, es indefendible erradicar la libertad de expresión. Freedom House ya considera a México como un país parcialmente libre, y nuestra democracia no puede permitirse más medidas dictatoriales.
POR ALEJANDRO ECHEGARAY
POLITÓLOGO
@AECHEGARAY1