Nuestra Constitución es garantista, integra a los derechos humanos como parte del legado de mínimos derechos tutelados para toda persona que se encuentre bajo su arbítrio. Esta suma jurídica ha enfrentado el ejercicio de los mismos donde se ha argumentado su violación por enarbolar otro. Entre los más controvertidos destacan los avances de la tecnología y las interacciones de los usuarios que en algunos casos se podría considerar que afectan los derechos de otras personas.
El derecho a la libre expresión contenido en los artículos 6 y 7 constitucionales sin duda ha sido uno de los más complejos, ya que por una parte todos los mexicanos, sin excepción, tenemos la posibilidad sin limitación alguna a manifestarnos sobre cualquier materia, y por otra, se ha abusado de este ejercicio difundiendo información inexacta, falsa, o peor aún con la intención de dañar a través de los medios tradicionales de comunicación.
El caso de las diversas redes sociales es motivo de análisis desde la óptica de la ciberseguridad. Implica un ámbito de enorme responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios que otorgan sus plataformas para el uso universal de las mismas. Este espacio me permite señalar de manera muy básica los elementos primordiales de la ciberseguridad: seguridad de información, seguridad de la red, recuperación ante desastres, seguridad operacional y la educación del usuario final.
Dentro de la polémica mundial sobre la regulación de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, varios paises latinoamericanos y europeos han avanzado en la transparencia para que estas empresas deban informar sobre sus contenidos y la información de los usuarios, y otros, buscan hacerlo. Por supuesto se ha contemplado la regulación para garantizar la seguridad de la soberanía y sobre todo eliminar cualquier forma de violencia o desinformación.
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Por otro lado, hay países donde la historia del terrorismo está presente, por lo que las redes son monitoreadas para evitar cualquier forma de comunicación, otros, como Alemania y Francia donde se responsabiliza a las empresas en el caso de que algunos perfiles promuevan discursos racistas o de odio. El propio Parlamento Europeo se ha pronunciado legislativamente para obligar a Facebook, Twitter y Youtube para fomentar contenidos que luchen contra el odio y la violencia.
El extremo ha sucedido en medio oriente, donde países como Turquía, Túnez, Libia, Paquistán y Libia donde se ha suspendido parcialmente algunas actividades de las redes sociales, sin embargo, hay otros como China que tiene algunas completamente bloqueadas.
México ha iniciado una novedosa campaña donde se perfila la participación de autoridades en materia de telecomunicaciones y de seguridad para buscar una regulación que democratice el uso de las redes fomentando el respeto, la legalidad y los derechos de todos los mexicanos.
Sin duda es polémico pero no es una novedad universal, estamos reaccionando ante la libertad que otorga la Constitución y que se ejerce de manera cotidiana y desordenada en medios de comunicación y en las redes sociales. Informar es y debe ser un mecanismo ético, que construya ciudadanía y fomente la unidad nacional. Aportar en favor de la patria y de la nación en sus conceptos básicos.
Desinformar, calumniar y difamar, es ruín, pero escudarse en el anonimato es cobarde. Y puede ser hasta un ciberdelito, o peor aún convertirse en un fenómeno no virtual.
POR RICARDO PERALTA
COLABORADOR
@RICAR_PERALTA
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