Un anuncio y una advertencia del gobierno mexicano confirmaron simplemente que está en negociaciones con el estadounidense y que su posición es mucho más pragmática que lo revelado por su retórica.
De entrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se darán visas a agentes de la Agencia Antinarcóticos estadounidense (DEA) luego de que su gobierno las detuvo por meses.
Según AMLO, habrá nuevas reglas para la acción de esos agentes en México y de hecho habrá un interesante intercambio: agentes mexicanos serán enviados a colaborar en la investigación del tráfico de armas en Estados Unidos.
“Tenemos que trabajar de manera conjunta con las agencias del Departamento de Estado y con el gobierno de EU porque tenemos 3,180 kilómetros de frontera. Somos vecinos, tiene que haber cooperación y respeto a nuestras soberanías”, dijo.
De esa forma pueden tomarse también las sonoras, bravuconas palabras con que Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, informó de la posición mexicana respecto a estímulos que el gobierno estadounidense ofrece a la fabricación doméstica de vehículos eléctricos.
Para Clouthier, la propuesta es discriminatoria contra las exportaciones mexicanas de vehículos eléctricos y contradice las propias bases del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
En términos reales y como tantos otros temas de la relación, es una cuestión de interpretaciones de abogados y sujeta a decisiones políticas.
El hecho es que el T-MEC indica que 75 por ciento del contenido de los vehículos para el mercado estadounidense debe ser fabricado en ese país. La propuesta de EU que provocó la queja de México promueve incentivos a quienes fabriquen ahí autos eléctricos, con baterías y celdas hechas en ese país, que operen con trabajadores sindicalizados y 50% de contenido doméstico.
El punto está en lo que pueda hacer el gobierno mexicano en el tema. Sus abogados en esa causa bien podrían saludarse al entrar o salir de los paneles de arbitración con los encargados de responder a la queja de interesados estadounidenses respecto a la reforma eléctrica en México, que probablemente llegará a paneles de arbitración.
Ambos temas económicos son cuestiones de política doméstica en que ninguno de los dos gobiernos puede retroceder por iniciativa propia, pero sí hacerlo mediante un acuerdo avalado o determinado por un panel.
Declaraciones y posturas de fuerza, incluso algunos actos teatrales y la reiteración de amistades "riesgosas", son parte del arsenal de negociación mexicano, de la misma forma que su recurrencia a rejuegos de política doméstica son parte del estadounidense. El punto está en lo que ambos gobiernos, el mexicano y el estadounidense, estén dispuestos a ceder al otro.
Eso se llama diplomacia, o juego político, o de intereses. Lo cierto es que ambos gobiernos están obligados a colaborar, incluso más allá del gusto que les cause, y estar de acuerdo en que pueden estar en desacuerdo.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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