Pese a las vacaciones decembrinas, de nueva cuenta se activó la guerra que la actual administración ha emprendido en contra del Instituto Nacional Electoral, (INE), donde la “manzana de la discordia” es la revocación de mandato y en el capítulo más reciente, Morena “hecha las campanas al vuelo” porque la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat, admitieron a trámite la controversia constitucional de la Cámara de Diputados contra el INE , por lo que dicho Instituto debe seguir adelante con el proceso para organizar la consulta de revocación de mandato propuesta e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde que el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova, acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro a comparecer para explicar el porqué de los recursos solicitados para realizar este ejercicio que por cierto, una parte importante de la población considera totalmente innecesario, fue objeto de ataques cada vez más subidos de tono por parte de la bancada de Morena en la Cámara Baja.
Tampoco hay que soslayar que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que interpuso la más reciente controversia constitucional, es un viejo conocido por los rumbos del INE, ya que se desempeñó como representante del partido oficial en el Instituto y se caracterizó siempre por tener siempre un discurso en contra del INE.
Respecto a las ministras de la SCJN que aceptaron el recurso interpuesto por Morena, Yazmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat, ambas son afines totalmente a la administración lópezobradorista, es decir, llegaron al máximo Tribunal de la Nación gracias al presidente López Obrador, por lo que es de esperarse que podrían estar plegadas a la “línea” dictada desde Palacio Nacional.
Ahora, queda suspendida la resolución del Consejo General del INE, que el pasado 17 de diciembre había acordado, -por 6 votos contra 5, en una muy cerrada votación-, aplazar la consulta de revocación de mandato que estaba programada para el 10 de abril del año entrante, mientras no se cuente con el presupuesto necesario.
En este último punto, el presidente propuso que los consejeros del INE aplicaran lo que llamó medidas de austeridad, por ejemplo, reduciéndose el sueldo y en una de sus últimas conferencias mañaneras del año, el tabasqueño dijo que sería entonces el pueblo el que podría organizar este ejercicio, en lo que es sin duda, una cuestión sin sentido, pues constitucionalmente, es el INE el obligado a realizar la revocación de mandato.
Presionado, el INE debe seguir con la organización de dicha votación, “en aras de preservar los derechos políticos de la ciudadanía”.
POR ADRIANA MORENO CORDERO
MORCORA@GMAIL.COM
CAR